Columna publicada el 03.08.19 La Tercera

El paso de la tolerancia a la intolerancia política es muy simple. Es el salto desde el rechazo de la posición de otro al que reconozco como un igual ciudadano, a la negación de la igual ciudadanía del otro en razón de ese rechazo. Es el tránsito, por ejemplo, de pensar que el socialismo es una mala idea, a pensar que los socialistas son enemigos públicos. En otras palabras, es moverse del lenguaje del disenso al de la guerra.

Quienes han planteado últimamente que Sergio Micco, quien tiene una hoja de vida intachable en el plano de la defensa de los derechos humanos y la democracia, no debería poder asumir el cargo de director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos por ser un católico contrario al aborto, han cruzado esa línea divisoria.

Recordemos que un importante número de personas en cada país occidental considera que embriones y fetos son seres humanos, y que, por lo tanto, suprimirlos implica violar el derecho humano más fundamental. Otro importante grupo, en tanto, mira el aborto como un derecho reproductivo. La ciencia positiva, por su parte, no puede concluir mucho al respecto, y quizás esto explica que ningún tratado vinculante de DDHH (el “estándar internacional”) consagre algo así como el “derecho al aborto”. Luego, lo normal dentro de las comunidades políticas ha sido reconocer el disenso: estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Y esto implica, a su vez, renunciar a excluir del espacio público a quienes piensan distinto, incluyendo los cargos públicos, así como renunciar a la violencia política como instrumento de resistencia en caso de que se legisle en un sentido o en otro. Tal ha sido el caso, hasta el momento, en Chile.

Plantear que quienes son contrarios al aborto no pueden ejercer -por esa sola razón- cargos públicos vinculados a los DDHH es proponer la exclusión política de esas personas de amplios ámbitos del quehacer público. Es, así, una conducta contraria a la convivencia democrática, que busca reducir arbitrariamente los derechos de ciudadanía de un grupo específico. Y que dicha propuesta venga de ganapanes partidistas como Lorena Fries, de progresistas livianos “como malvavisco” tipo Pablo Simonetti o del militante picado (Yerko Ljubetic) que no quedó en el cargo, no excusa lo grave de su contenido, aunque retrate la mezquindad de sus motivos.

Hasta ahora, a 9 años de su creación y gracias a la reyerta permanente entre agentes facciosos como los mencionados, el INDH ha dado un triste y costoso espectáculo, sin ningún logro relevante. Superar esa situación es el primer desafío de Micco, quien, dado su perfil republicano, parece la persona adecuada para lograrlo. Sin embargo, para que ello ocurra es necesario partir por una condena clara y transversal a quienes promueven el absurdo de deteriorar la convivencia democrática y atizar la intolerancia política en nombre de los derechos humanos. Es hora de que quienes se creen en “el lado correcto de la historia” reconozcan que no son dueños de ella. Eso, o que al menos dejen claro públicamente que, tal como los chanchos de Orwell, aunque creen que todos somos iguales, están también convencidos de que ellos son más iguales que el resto.