La semana pasada un grupo de legisladores propuso acortar las carreras universitarias con futuro laboral dudoso, las cuales concentran a la mayoría de los estudiantes matriculados en Chile. Esta es una política pública positiva por varias razones, que viene siendo defendida desde hace años por distintas voces académicas, y que debería encontrar apoyo político transversal. En esta columna quisiera revisar tres argumentos para ello: racionalización curricular, racionalización del presupuesto en educación superior y adaptabilidad laboral de los estudiantes.

 Tener carreras de pregrado más cortas no significa que serán de peor calidad, sino que sus contenidos deberán ser racionalizados, dejando de lado lo accesorio y concentrándose en lo básico y fundamental. Se debe apuntar a una formación sólida y bien empaquetada, que demande del estudiante, a su vez, mayor disciplina y constancia. Este modelo intensivo le haría un bien al sistema educacional, y no un daño. Hoy demasiados programas tienen mallas curriculares dispersas, además de exigencias prescindibles (como las tesis de pregrado).

 En el ámbito presupuestario, por su parte, Chile necesita esta reforma. No podemos seguir desviando casi todos los recursos educacionales hacia la educación superior, mientras la mayoría de los jóvenes terminan la educación básica y media sin entender lo que leen ni manejar aritmética básica. Democratizar el conocimiento exige democratizar habilidades y capacidades, y no lo estamos haciendo. Si la mayoría de las carreras de pregrado pasaran de cinco a tres años, no sólo podríamos ampliar la cobertura de la gratuidad, sino dirigir lo ahorrado hacia las etapas críticas de la formación, donde en mayor medida se juega el futuro de los estudiantes.

 Por último, las carreras cortas benefician a los estudiantes en lo profesional, pues les dan un margen mayor para construir perfiles más complejos y reinventarse si es necesario. Una carrera de cinco años o más sentencia y homogeniza el futuro de los estudiantes, lo que sólo se justifica en carreras de alta demanda y complejidad, como medicina. En las demás, el camino para evitar la cesantía ilustrada pasa por la diferenciación temprana vinculada directamente al trabajo, que luego puede llevar a la especialización.

Estamos, además, en un contexto de cambio acelerado y destrucción creativa, impulsado principalmente por la inteligencia artificial, frente al cual necesitamos estrategias adaptativas y prospectivas en el plano de la formación. Las carreras largas y pesadas van justo en el sentido contrario.

 Junto con este esfuerzo por racionalizar y acortar las carreras, es necesario acercarlas todo lo posible al mundo del trabajo. Los estudiantes deben tener una idea de lo que pueden hacer en la realidad desde el momento en que pisan la universidad. Facilitar este proceso supone reconocer que hay universidades de vocación docente y profesional, a la vez que otras más complejas y académicas. La Ministra Arzola maneja bien este tema. Hoy todas son evaluadas como si lo que asegurara su calidad fuera aquello que define a las Ues complejas, como la investigación, y eso es un despropósito. La capacidad para habilitar e insertar en la realidad laboral a los egresados debe ser mucho más tomada en cuenta y priorizada.

Finalmente, sería ideal permitir que los estudiantes pudieran postular a la educación superior con segundo medio aprobado, pues la extensión actual de la educación media no se justifica y las universidades parecen estar haciendo un mejor trabajo de habilitación que muchos colegios. Aunque esto puede ser tema para otro día.

 ¿Será posible construir una tregua de élites en torno a la educación, o es imposible salir de la dinámica “sin filtros”, incluso en lo más relevante para el futuro del país? Llevamos dos décadas de estancamiento económico y amarga lucha política, y nuestra democracia se ve amenazada principalmente por la sensación de que es imposible cosechar nada positivo a partir de ella. El debate sobre educación superior, bien llevado, es una oportunidad para salir del pantano.