Columna publicada el 11.01.20 en La Tercera. La PSU es un termómetro que mide las capacidades y conocimientos adquiridos en la etapa escolar. Puede ser más o menos preciso, como cualquier instrumento de medición. En el caso de esta prueba, el informe Pearson del año 2013 ya advertía respecto a su calidad, que debe ser revisada. Sin embargo, nada obsta al hecho problemático fundamental: tanto la PAA como la PSU o el mecanismo que sea que se implemente en el futuro seguirán mostrando, año a año, la desigualdad persistente en el plano de la habilitación cognitiva que, en los grandes números, existe entre los estudiantes que vienen de hogares más pobres y los que vienen de hogares más ricos. Es bueno estudiar esta brecha. Trae mesura al debate. Por ejemplo, si consideramos que las mayores desigualdades cognitivas se desarrollan entre los 0 y los 3 años, tal como muestran casi todas las investigaciones, y que luego cada vez es más difícil remontar lo no adquirido, se vuelve evidente que pretender corregir este problema a nivel universitario es un total despropósito. No sólo es muy caro y desvirtúa la misión de la institución universitaria, sino que es muy poco probable. Cuando dirigentes secundarios privilegiados como el niño Chanfreau -hijo de padres profesionales con posgrado y con poderosas redes universitarias (como mostró el ofertón de la UACh), además de estudiante de un liceo de excelencia- les dicen a sus pares más vulnerables que todos podrán entrar a la universidad y estudiar lo que quieran gracias a la protesta, les están mintiendo. Les están vendiendo humo. La verdad es que quienes entren sin entender lo que leen ni usar aritmética básica, saldrán sin las destrezas ni los conocimientos profesionales necesarios. Saldrán a patear piedras, pero los juegos serán 17 en vez de 12. La justicia en el plano de la habilitación cognitiva se juega, entonces, principalmente durante los primeros años. Es ahí donde deberíamos, como sociedad, poner todas las fichas posibles. Y, en este sentido, la pieza fundamental es la familia y la comunidad más próxima. No es el chamullo del “efecto pares” ni la “diversidad en el aula”. Es la interacción con el entorno humano más básico y tradicional. ¿Significa esto que el Estado y la sociedad en general no tienen ningún rol en la lucha contra la desigualdad en las oportunidades cognitivas? No, en absoluto. El Estado y la sociedad pueden jugar un rol muy importante, pero en la medida en que lo hagan prestando apoyo y soporte a la institución familiar. Bibliotecas infantiles barriales vinculadas a las escuelas, entrega de instrumentos e instructivos de estímulo temprano, acompañamiento con las madres primerizas, incorporación de los consultorios a la estrategia de habilitación: todo esto y más se puede hacer. Pero el desafío grande, mayúsculo, es poner las prioridades políticas allí donde están las prioridades pedagógicas. Los niños pequeños no marchan, no funan ni hacen asambleas, pero en corregir las desigualdades cognitivas que los afectan hoy se juega la posibilidad de reducir las brechas que producen las frustraciones y protestas después. En lograr consensos sólidos respecto a la prioridad de la primera infancia por sobre la etapa universitaria se decidirá buena parte del sueño de dignidad que ha iluminado la protesta social.