“Miremos las cifras, recibimos un país con delincuencia desatada, policías sin vehículos y fronteras descontroladas. Hemos aprobado más de 60 leyes, aumentamos el financiamiento en seguridad. El resultado es que logramos contener el alza en los homicidios”. Así habló la ministra Etcheverry, vocera subrogante de gobierno, el pasado jueves. Y tanto sus palabras como el tono de misión cumplida que transmite resultan inquietantes.

De partida, en el plano legislativo hay poco que celebrar. A la incomprensible postergación de las reglas del uso de la fuerza y las normas relativas a la infraestructura crítica hay que añadir la constante disidencia oficialista en diversas leyes en materia de seguridad. Todo esto sin contar que los mismos políticos que “habitan” La Moneda solían rechazar con fruición el tipo de iniciativas que ahora celebran cuando las promovía el gobierno del expresidente Piñera.

Si lo anterior ya invita a perfilar un tono más sobrio y menos complaciente en quienes conducen la nave del Estado, la brutal ausencia de orden y seguridad confirma la necesidad de hacerlo. Basta revisar la prensa —la misma de la que Boric y su entorno suelen recelar culpando inútilmente al mensajero— para notar cuán delicada es la situación.

¿Exageración? El martes 25 se encontró en Castro el cuerpo de una mujer amarrado de pies y manos y envuelto en una frazada, que resultó ser la exintegrante de Música Libre María Angélica Ascuí, cuyo presunto homicida es un ciudadano colombiano exarrendatario suyo. El jueves 27 —el día que habló la ministra Etcheverry— un grupo armado asaltó una base naval en Concón, atacando a dos infantes de marina y sustrayendo fusiles y otros armamentos. La madrugada del viernes 28 fue asesinado un ciudadano francés en un condominio en Chicureo, luego de que un puñado de delincuentes entrara a su casa y maniatara a su familia. En la noche del mismo día alrededor de 40 personas atacaron el Monumento a los Mártires de Carabineros, agrediendo a los efectivos que resguardaban el lugar e hiriendo a uno de ellos. Ayer domingo La Tercera expone la extorsión que sufren los locatarios del Barrio Bellavista a manos del Tren de Aragua (“un 80% prefiere pagar la famosa ‘vacuna’ para poder trabajar”, dice un entrevistado).

Este es el Chile actual; no aquel país de fantasía que proyecta la vocera subrogante evocando la fracasada minuta de la “normalización” y aumentando el hastío ciudadano con la política. Un país que padece una “crisis muy grave”, como bien describe Evelyn Matthei en su entrevista de ayer; un país que necesita que la clase dirigente en su conjunto —y no sólo Johannes Kaiser— se pregunte “¿Qué pasa en este país que puedes atacar un recinto de la armada y no terminas muerto?”.