Carta al director publicada el miércoles 13 de mayo de 2020 por El Mercurio. Agradezco a Lucas Sierra y Fernando Claro por responder mi última carta. A riesgo de abusar de la paciencia de sus lectores, me permito ofrecer algunas precisiones. Fernando Claro objeta mi alusión a Hobbes pues, arguye, no sería un pensador propiamente liberal. Sin embargo, yo nunca afirmé que lo fuera. Solo lo mencioné como antecedente relevante del liberalismo, pues el dispositivo de Hobbes juega un papel fundamental en el despliegue de la tradición liberal. Para percatarse, basta mencionar el nombre de Locke; o, en su defecto, abrir cualquier manual de historia intelectual del liberalismo. Fernando Claro ha dicho, con pasmosa seguridad, que no hay absolutamente nada en la tradición liberal que pueda opacar los deberes recíprocos; y yo simplemente creo que allí hay una pregunta que merece ser formulada con el mayor rigor posible. Después de todo, tenemos pocas tareas más urgentes que la de intentar comprender cierto individualismo que habita las sociedades contemporáneas, y que ha sido ampliamente diagnosticado por autores como Sennett y Lasch, entre muchos otros. Por su parte, Lucas Sierra asevera que el respeto a la libertad negativa (esto es, la libertad entendida como ausencia de coacción) no fue la única razón para defender el voto voluntario. Según él, esa voluntariedad se explica porque el voto es un derecho que no puede estar al alcance del soberano. En consecuencia, ese derecho no podría ser al mismo tiempo un deber. Con todo, Sierra parece olvidar que hay muchos derechos que son también un deber (por ejemplo, educar a los hijos); y tampoco advierte que ese argumento es una mera formulación jurídica de la libertad negativa (de hecho, ambas ideas encuentran su origen en… Hobbes). No obstante, lo más relevante va por otro lado: al considerar nuestros vínculos desde una óptica exclusivamente jurídica (como si los humanos fuéramos, ante todo, animales que firman contratos), se oscurece la dimensión política de lo humano. Para decirlo con el lenguaje republicano: la protección de nuestros derechos supone la existencia previa de una comunidad política, y el lenguaje puramente jurídico no permite atender a esa realidad.