El mes pasado se presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre “cuotas”, que busca establecer una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en cargos de elección popular. Este proyecto se suma a otras medidas que ha impulsado el Estado en las últimas décadas, y que tienen por objetivo lograr un mayor acceso y reconocimiento de la mujer en el ámbito público, con el fin de acabar con las discriminaciones que le impiden un pleno ejercicio de sus derechos en este plano.

En concreto, la “ley de cuotas”, propone un incentivo económico a la participación política de las mujeres, otorgando financiamiento a los partidos para que incorporen mujeres a sus candidaturas y las potencien. Esto ayudaría, al mismo tiempo, a romper la barrera económica que impediría que muchas de ellas participen hoy en política.

Frente a esta propuesta, creo razonable, al menos, formular una pregunta imprescindible para la discusión: ¿la razón de que haya pocas mujeres en política es porque no pueden, o porque no quieren? Justamente la diputada Mónica Zalaquett, al dar a conocer su salida del congreso, explicaba que el trabajo político implica enormes costos personales y familiares. Según ella, esto ocurre porque la vida política está organizada “por hombres y para hombres”: son pan de cada día los horarios extendidos, las reuniones a horas excéntricas, el trabajo constante en fines de semana. Todos fenómenos que hacen muy difícil la conciliación entre las dimensiones política y familiar. En otras palabras, los costos de participar en política son mucho más altos para las mujeres, pues para ellas es más difícil desentenderse de los asuntos domésticos.

Si bien uno podría hacer ciertas distinciones propias de la actividad política, el fondo del problema expuesto por la Diputada se extiende también a otros ámbitos laborales, y es una de las razones fundamentales que impiden una mayor incorporación de la mujer. Por lo tanto, no basta con que la mujer pueda acceder formalmente a las mismas oportunidades que los hombres, sino que además dicho acceso no se traduzca en un sacrificio desigual que, en la práctica, convierte el derecho en una mera formalidad cuyo ejercicio es muy difícil para la mayoría de las mujeres.

Esto deja en evidencia que si bien las políticas afirmativas pueden generar incentivos positivos, lo que realmente necesitamos es un cambio cultural en la manera de enfrentar la relación entre hombres y mujeres, tanto en los espacios públicos como privados. Debemos avanzar hacia una corresponsabilidad que permita que cargas y privilegios se distribuyan de forma razonablemente equitativa en ambos espacios, para que uno no genere desequilibrios en el otro.

En este sentido, las medidas de acción afirmativa como la que se propone en la mencionada “ley de cuotas”, finalmente repercute en un porcentaje muy minoritario de mujeres que logran superar estas barreras y alcanzar la meta propuesta. Sin embargo, deja de lado a la mayor parte de ellas que no encuentran las condiciones necesarias para llevar a cabo esta tarea. Por esto es importante que los estímulos para un cambio sean más bien culturales: deben llamar a las personas a un cambio de mentalidad. Es cierto que se trata de un camino más lento, pero más efectivo, y sobre todo, más libre.