El número de candidatas mujeres para estas elecciones se cuadriplicó respecto de 2013. Esto sería efecto de la ley de cuotas aprobada hace dos años, que prohíbe a las coaliciones políticas superar el 60 por ciento de candidatos de cualquier sexo. Esta medida busca establecer una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en cargos de elección popular y se sumaría a otras impulsadas por el Estado en las últimas décadas, con el objetivo de lograr un mayor acceso y reconocimiento del aporte de la mujer en el ámbito público.

En principio parece una medida correcta: dado que las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a ciertos espacios tradicionalmente ocupados por los hombres —no por su falta de capacidades, sino por las barreras de distintos tipo a las que deben enfrentarse—, es necesario establecer algunos incentivos que les permitan competir por esos espacios en condiciones más favorables. Se trata de medidas transitorias que buscan acelerar los cambios necesarios para lograr esta equidad representativa. Y la evidencia parece mostrar resultados positivos en este sentido.

Sin embargo, está claro que, aunque son necesarias, no basta con este tipo de medidas. ¿Cuál es la razón por la cual hay pocas mujeres en política? Dicho de otro modo, ¿es la ley la que logra(ará) resolver los motivos de fondo que explican la subrepresentación de las mujeres en el ámbito político? Por un lado, como señalan algunos estudios (véase p/e el de la OCDE Mujeres, Gobierno y Diseño de Políticas Públicas en los países de la OCDE, 2014), la política parece haber funcionado hasta ahora de acuerdo a códigos y estereotipos masculinos: las formas de liderazgo, dinámicas de trabajo, el tipo de talentos buscados suelen responder a características típicamente masculinas, que hacen que las mujeres se sientan menos cómodas en esos ambientes o que su aporte sea menos valorado y reconocido.

Por otro lado, no es ninguna novedad el hecho de que el trabajo político implica enormes costos personales y familiares. Son pan de cada día los horarios extendidos, las reuniones a horas extraordinarias, el trabajo constante en fines de semana, todos fenómenos que hacen muy difícil la conciliación entre las dimensiones política y familiar. Y dado que actualmente las mujeres todavía tienen una mayor carga doméstica, los costos de participar en política terminan siendo mucho más altos para ellas.

Si bien uno podría hacer ciertas distinciones propias de la actividad política, el fondo del problema expuesto se extiende también a otros ámbitos laborales, y son algunas de las razones fundamentales que impiden una mayor incorporación pública de la mujer. Por tanto, no basta con leyes como la de cuotas, que facilitan el acceso formal de la mujer  a las mismas oportunidades que los hombres, sino que además dicho acceso no se traduzca en un sacrificio desigual que, en la práctica, convierte el derecho en una mera formalidad cuyo ejercicio es muy difícil para la mayoría de las mujeres.

Esto deja en evidencia que si bien las políticas afirmativas pueden generar incentivos positivos, lo que realmente necesitamos es un cambio cultural en la manera de enfrentar la relación entre hombres y mujeres, tanto en los espacios públicos como privados. Debemos avanzar, en primer lugar, hacia una valoración real del aporte femenino que se refleje en nuestras formas de funcionamiento en el ámbito público. Y en segundo lugar, hacia una corresponsabilidad que permita que cargas y privilegios se distribuyan de forma razonablemente equitativa en ambos espacios —público y familiar—, para que uno no genere desequilibrios en el otro.

Sin una transformación en este sentido, medidas de acción afirmativa como la que propone la ley de cuotas, terminan por repercutir en un porcentaje muy minoritario de mujeres, que logran superar estas barreras y alcanzar la meta propuesta. Principalmente porque, como no se hace un trabajo de fondo y en las bases, o no se les ofrecen puestos interesantes, muchas de las candidatas sirven sólo como relleno de las listas, pero sin posibilidades reales de salir electas.

Como bien sabemos, las leyes son de ayuda, pero no transforman automáticamente la realidad; y una como la que tenemos, que sólo apunta a cumplimientos formales de número, no logra abrir espacio a una mayoría de mujeres que no cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo funciones en el ámbito político. Es necesario, entonces, ir más allá de las oportunidades formales si de verdad queremos garantizar buenos resultados; es decir, si queremos que de verdad las mujeres ingresen a la política no sólo por equidad, sino porque tienen algo valioso que aportar.

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