Columna publicada el lunes 24 de octubre de 2022 por La Segunda.

El accidentado encuentro del presidente Boric con la micro, pequeña y mediana empresa confirmó que en ese ambiente hoy se respira desafección, hostilidad incluso, respecto del gobierno. Por eso es tan significativo el inserto que ayer dieron a conocer 80 gremios de MiPymes de todo el país, exhortando a “terminar cuanto antes el proceso de construir una Constitución que una a todos los chilenos”. 

De partida, es llamativo el contraste entre lo que podríamos llamar el Chile productivo y los falsos dilemas que cierto activismo busca instalar en las redes sociales y la opinión pública. Ahí abundan quienes sugieren —con más entusiasmo que argumentos, a decir verdad— que si uno es crítico de La Moneda no puede apoyar el cambio constitucional; que este apoyo implicaría desconocer las urgencias sociales; etc. Frente a esos cantos de sirena que olvidan los nefastos efectos de las borracheras electorales, las MiPymes muestran más pragmatismo y sentido de realidad. No obstante reconocer (y padecer) el “aumento descontrolado de la violencia y la delincuencia, la baja constante de las inversiones, la inflación de dos dígitos” y otras dificultades de primer orden, consideran “imperioso, impostergable y urgente que se logre un acuerdo político transversal en materia constitucional”.

Pero el mérito del inserto va más allá de la sensata constatación de que Chile carecerá de estabilidad política mientras no enfrente —entre otras tareas— el desafío constituyente. Así, los 80 gremios firmantes proponen una fórmula mixta, conscientes de que para diseñar un nuevo proceso se requieren grandes consensos. En concreto, apuestan por un órgano de 50 miembros: 39 electos democráticamente en circunscripciones regionales, ocho expertos designados por el Senado y tres representantes de los pueblos originarios (aunque este número podría variar según la participación electoral del padrón respectivo). 

Naturalmente, la propuesta de las MiPymes contiene varios aspectos dudosos. Por ejemplo, de cara a un proceso más breve y acotado es razonable pensar en un cuerpo de 50 integrantes, pero en ese caso parece más sencillo e inobjetable replicar en la mayor medida posible el sistema de elección del Senado (ya sabemos cómo terminaron las innovaciones en la fracasada Convención). Otro tanto ocurre con el plazo fijado (¿por qué cuatro meses y no seis?), y con la preaprobación del Congreso Nacional que se indica (¿para qué alargar un proceso que tendrá plebiscito de salida?, ¿no es mejor que el parlamento controle los “bordes”?). 

Con todo, cabe celebrar un planteamiento que busca conjugar el monumental triunfo del Rechazo con la necesidad de dotar a Chile de una buena y nueva Constitución. Es, justamente, lo que se espera del sistema político.