Ahora que conocemos el proyecto de ley de aborto del Ejecutivo, vale la pena recordar la justificación ofrecida por la Presidenta Bachelet cuando el 21 de mayo pasado anunció que su gobierno avanzaría en esta materia.

En su discurso ante el Congreso, y en el contexto de una dura crítica a los abusos contra las mujeres, la Presidenta señaló: “Periódicamente conocemos por las noticias casos de mujeres que se practican abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas, y sin duda las marcan con una experiencia de dolor y angustia. Y hace poco hemos sabido de una mujer en gravísimo estado. Y cada aborto en el país es una señal de que como sociedad estamos llegando tarde”.

Como puede verse, la Mandataria, más allá de lo equívoco de sus palabras, nunca dijo que el aborto fuera algo deseable -más bien lo contrario-, y eso tiene sus implicancias. Una cosa es promover el aborto libre, y otra muy distinta aproximarse al asunto en los términos en que aparentaba hacerlo Michelle Bachelet. En rigor, si de verdad el aborto es considerado un mal para el niño, la mujer o ambos, argumentos del tipo “la mujer es dueña de su cuerpo” y otros similares, sencillamente no tienen cabida. Si es un tema difícil, es porque están en juego no sólo una, sino dos vidas humanas. Y por lo mismo, si en realidad juzgamos críticamente el aborto, hay una sola alternativa: analizar de manera seria si existen razones suficientes para permitirlo en determinadas hipótesis.

Un análisis de esa índole obliga a hacerse cargo, entre otros elementos, de la evidencia que indica que el número de abortos clandestinos es muy inferior al que alegan algunos activistas; de la evidencia, ampliamente extendida y apoyada en el rubro médico, que muestra que las madres cuya vida corre peligro sí reciben los tratamientos que requieren -no es casualidad que Chile sea uno de los países con menores tasas de mortalidad materna-; de la evidencia, respaldada por datos de Gendarmería y el Ministerio Público, que acredita que las mujeres condenadas por aborto son contadas con los dedos de una mano; de la evidencia que pone en serio entredicho la existencia de algo así como la “inviabilidad” fetal certeramente diagnosticada.

Sin embargo, no tenemos ni la más remota noticia de un análisis de esa especie por parte del gobierno. Pero de lo que sí hemos sabido, en cambio, es de las minutas filtradas del Sernam y del Ministerio de Salud, y también de las infructuosas gestiones de la Democracia Cristiana para morigerar la propuesta presidencial sobre aborto. Si a eso agregamos la polémica -azuzada por el ministro del Interior- entre el gobierno y la red de salud de la Universidad Católica, ¿cómo creer que aquí se trata simplemente de “despenalizar” ciertas conductas?

Todo indica, por desgracia, que para Michelle Bachelet y su gabinete, la vida del que se encuentra en el vientre materno no es igualmente digna -si acaso lo es- que la vida de un niño nacido o de un adulto. Pero esto, si a alguien complicará en esta discusión, es al propio gobierno: nunca es fácil ni gratuito estar dispuesto a terminar con la vida de seres humanos pequeños, inocentes e indefensos.