Columna publicada el 23.09.19 en The Clinic.

Sorprendentemente transversal ha sido la crítica a la acusación constitucional en contra de la ministra de educación, Marcela Cubillos. Desde la propia ministra y su coalición hasta el diputado Pepe Auth y el presidente del Senado, Jaime Quintana, se ha advertido sobre la indeseable politización de este mecanismo, previsto para casos muy calificados y excepcionales. Se trata, por lo mismo, de una herramienta inadecuada para resolver contiendas políticas.

Más allá del caso particular, es peligroso caer en dinámicas que en definitiva reemplacen la deliberación política y la búsqueda de acuerdos. Los asuntos propiamente políticos, aquellos que tratan sobre nuestra convivencia social, suelen ser complejos porque suponen diversas comprensiones políticas y morales de la vida en sociedad. No es extraño, entonces, que sobre ellos exista casi siempre algún grado de desacuerdo. Y, como atañen justamente a la vida en común, no pueden zanjarse de manera arbitraria. Por el contrario, dado el desacuerdo, para que todos respetemos y, en al menos algún grado, nos haga sentido una decisión política, ésta debe descansar sobre un mínimo de legitimidad.

Para ello, deben existir procesos que tiendan a asegurar esos mínimos, tomando en cuenta cuestiones como la participación, el derecho a voz, el voto; en definitiva, quién y cómo se toma una decisión política. La legitimidad de un acuerdo político radica, en gran medida, en el proceso mediante el cual éste se alcanzó. Como explica Jeremy Waldron, aun no estando de acuerdo con el resultado, uno puede aceptar que se ha llegado a éste de manera justa. Y en una democracia como la nuestra, el proceso que toma en cuenta factores como la participación o la injerencia en una decisión, y que consideramos justo, es el que se lleva a cabo en el Congreso Nacional a través de la discusión de leyes.

No da lo mismo, entonces, la manera en la que se enfrentan las cuestiones políticas. Éstas tienen características particulares que exigen tratarlas de un modo específico, a través de mecanismos diseñados para dar cuenta de esas características y que doten a los acuerdos alcanzados de la legitimidad suficiente para ser aceptados por todos. Pero pareciera ser que un sector de nuestra clase política no es consciente de esto. La acusación constitucional en contra de la ministra Cubillos no es sino un modo de intentar zanjar, de una sola vez, ciertos asuntos políticos complejos. Por eso no conviene seguir politizándola: en vez de hacer frente a los grandes desacuerdos políticos, los saca por la puerta chica. ¿Quién gana con ese proceder?