Los últimos resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) hacen resurgir debates ya conocidos. Los titulares de los medios se centraron, como ha sido la tendencia, en los puntajes obtenidos según dependencia de los establecimientos educacionales, generando una clase de competencia entre los municipales y los particulares subvencionados. Que el mejor puntaje promedio de los municipales haya sido 682,9 puntos, superando los 646,3 puntos ponderados del mejor particular subvencionado, levantó un intenso debate.

Una lectura apresurada podría aventurar conclusiones erróneas respecto de que alguna dependencia es per se mejor que otra. Eso es imposible de inferir a partir de estos datos, ya que sólo muestran promedios (sin dispersión), sólo consideran a los mejores puntajes obtenidos y, evidentemente, no hay control por otro tipo de variable relevante. Ahora bien, una lectura además voluntarista podría atribuir a la última reforma educacional algún efecto al respecto (interpretación realizada por Claudia Sanhueza, economista del Frente Amplio, difundida a través de Twitter). Esto no sólo porque pretende que un cambio estructural de largo plazo tenga efectos inmediatos, sino porque además es una lectura que prescinde de rigurosidad en su aseveración. De hecho, al revisar la lista de los mejores establecimientos municipales, llama la atención la mayor presencia de los Liceos Bicentenario de Excelencia, una política anterior a la reforma educacional de este gobierno.

Detengámonos por un momento en los Liceos Bicentenario.

Cuando se crearon estos establecimientos, la idea era aumentar la oferta de colegios emblemáticos al estilo Instituto Nacional, que significara más oportunidades de acceder a un buen establecimiento educacional público para alumnos de escasos recursos. Ese objetivo, viendo los resultados, se estaría cumpliendo. Sin embargo, una política como ésta esconde un supuesto menos benigno. La premisa detrás de los Liceos Bicentenario es la de rescatar a los talentos que, estando en situaciones más precarias, no desarrollan plenamente sus capacidades al no tener acceso a buenos colegios. Desde esta perspectiva, se reconoce un déficit que busca ser cubierto al aumentar la oferta de buenos colegios municipales. Sin embargo, el éxito que puedan alcanzar gracias a los Bicentenario puede ensombrecer la realidad que se vive en muchos otros colegios municipales y particulares subvencionados. En esto aplica una lógica de exclusión, donde se evalúa el desempeño educacional por los casos exitosos, en vez de observar el sistema educacional en su totalidad.

Aunque los resultados de los Liceos Bicentenario son una buena noticia, no es claro que esta medida pueda extenderse a toda la educación municipal (después de todo, la alta exigencia permite quedarse con los alumnos que resisten esa exigencia y excluir a quienes no lo logran). Básicamente, consiste en crear buenos colegios para los buenos alumnos, y que el resto siga en donde sea que estén. Problemas de este tipo son los que llevaron a personas a oponerse a la implementación de esta política como una medida parche. Pero la objeción a dicho rechazo sigue siendo igual de razonable, a saber, que toda medida orientada a paliar las diferencias educativas causadas por una desigualdad socioeconómica es bienvenida. No obstante, esto no quita la urgencia de elaborar políticas que mejoren la calidad de todo el sistema educativo y no sólo de algunos.

Saber interpretar los resultados PSU es relevante para evaluar las políticas implementadas hasta ahora y decidir sobre la dirección que seguirán las próximas medidas. La honestidad intelectual al momento de evaluar dichos resultados es un requisito necesario si nos vamos a tomar en serio los desafíos que enfrentamos como sociedad en la educación de las generaciones presente y futuras.

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