Columna publicada en El Mostrador, 15.04.2016

El caso de Lisette, la niña de 11 años que murió en uno de los hogares del Sename la semana pasada, debería hacernos llorar de vergüenza e indignación. Y es probable que lo haya hecho en muchos casos. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí no más. Es necesario aprender algo a partir de él (más allá de la obvia necesidad urgente de reestructuración del Sename) para que no sea una simple noticia triste más, entre tantas otras. Movido por esa idea, es que me gustaría ofrecer en esta columna una propuesta que creo valiosa. No es una “ley Lisette”, sino un criterio de decisión política orientado a nunca más olvidar a los niños como ella.

El famoso “principio de diferencia” propuesto por Rawls establece que, al momento de elegir un sistema social, diseñar una institución o tomar una decisión política, debe preferirse aquella que deje en la mejor posición posible a los más desfavorecidos.

Tal idea es bastante similar a la planteada por la Iglesia católica mediante el concepto de “opción preferencial por los pobres”. La intuición moral a la que ambos conceptos apuntan es difícilmente rechazable, excepto por quienes creen que el concepto de “justicia social” es un absurdo (e incluso, dentro de ese conjunto, solo por quienes manifiesten abiertamente que los menos favorecidos dan lo mismo, que son bastante pocos). Sin embargo, la pregunta que viene después es muy difícil de responder: ¿cómo evaluamos qué posición es mejor?

Podríamos definir en abstracto la posición de quien es desfavorecido como la de alguien coartado en sus oportunidades de llevar una existencia plena. Y la plenitud, a su vez, podríamos entenderla como la posibilidad de desplegarnos existencialmente.

A ese nivel de abstracción, creo que todos podríamos seguir de acuerdo. Lo que me llama la atención en este debate, eso sí, es que no se califica el nivel de limitación sufrido por la persona en relación con la edad de dicha persona. Es decir, se presume que es lo mismo ser un adulto en edad productiva coartado en sus posibilidades de plenitud que ser un niño puesto en la misma situación. Y la verdad es que no es lo mismo, ya que las posibilidades de despliegue existencial de un niño son mucho más abundantes que las de un adulto ya formado y son, a su vez, condición de posibilidad de la plenitud de dicho adulto.

Hay habilidades y capacidades que, de no ser adquiridas en la infancia, difícilmente pueden ser recuperadas después. Y generalmente, cuando es posible, se adquieren de manera mucho más defectuosa. Bajo esta lógica, me parece evidente que la ausencia de oportunidades referida a menores de edad es más grave que la ausencia de oportunidades referida a un adulto, puesto que las capacidades y habilidades potenciales que no se están desarrollando son mayores en un niño que en un adulto.

¿Significa esto que los adultos deben ser dejados a un lado? Por supuesto que no. En primer lugar, porque la diferencia no es absoluta (la posición del adulto no es imposible de ser mejorada, solo es más difícil de ser mejorada) y, en segundo lugar, porque los niños crecen al cuidado de adultos de quienes, en buena medida, dependen (fortalecer la familia siempre es una política pro niño).

Tampoco significa que todos los derechos y libertades deban ser arrasados en función de tratar de favorecer a los niños (lo que, por lo demás, difícilmente se logra por esos medios). Sin embargo, al momento de fijar prioridades políticas resulta claro que es diferente que estas estén orientadas preferencialmente a poner en una mejor posición a los niños para poder desplegar sus capacidades y habilidades que a mejorar la posición de los adultos.

Un ejemplo claro de ello es la preferencia gubernamental por instalar la política de gratuidad universitaria, que no solo va orientada a mejorar la posición de adultos sino que, además, beneficia a adultos que no son desfavorecidos, en vez de otras políticas urgentes como la reestructuración del Servicio Nacional de Menores, en cuyos “hogares de acogida” muchos niños pobres son tratados de manera indigna y brutal. O bien, si se objeta que se trata de áreas diferentes de política pública, resulta igualmente injusto privilegiar la gratuidad universitaria respecto a la necesidad de un sistema preescolar de calidad.

Hasta ahora, quien con mayor fuerza dio la voz de alerta respecto a lo decisiva que es la infancia y la poca importancia que hoy le prestamos, ha sido el equipo del think tank Horizontal, el cual publicó en agosto del año 2013 su diagnóstico y propuesta respecto al desarrollo infantil y la educación preescolar en Chile, que merece una lectura atenta, así como las columnas anteriores al respecto, escritas por Andrés Hernando y Hernán Larraín Matte, que resaltan el efecto de la primera infancia en el desarrollo posterior de las personas y la importancia de poner el foco de nuestras políticas públicas en ella. Sin embargo, esas voces se han ido apagando y esta prioridad ha sido desapareciendo.

A nivel internacional, ha sido el economista y Premio Nobel James Heckman el principal impulsor de la opción preferencial por los niños en el gasto educacional y cultural, resultando absolutamente claro al señalar la conclusión de años de investigaciones: ''Si la sociedad es capaz de intervenir en una edad temprana, puede mejorar la capacidad cognitiva y socioemocional, así como la salud de los niños desfavorecidos. La intervención temprana fomenta la escolaridad, reduce la delincuencia, promueve la productividad de la fuerza laboral y disminuye el número de embarazos entre las adolescentes. Se considera que esas medidas presentan una relación costo/eficiencia muy beneficiosa y constituyen una inversión altamente productiva. La atención a la primera infancia es aún más importante en los periodos críticos y delicados del desarrollo de diversas capacidades''.

Las políticas orientadas a mejorar la posición de los niños desfavorecidos, por lo demás, resultan menos invasivas respecto a las libertades y derechos que reconocemos a los adultos, justamente porque se asume que los menores de edad son personas bajo tutela, lo que deja la obligación de velar por su integridad y su desarrollo en primer lugar a sus padres, pero también a la comunidad de la que forman parte.

Esto hace que la búsqueda de condiciones de justicia y bienestar en la infancia sea mucho menos problemática que respecto a la sociedad adulta. Un ejemplo de esto es la prohibición de vender golosinas con altísimo contenido de azúcar en establecimientos educacionales: algo que no podría replicarse en contextos adultos, pues reconocemos a los adultos libertad para decidir ingerir esas cantidades de azúcar.

Asimismo, el concepto de “mérito” no puede ser alegado en contextos infantiles, porque los niños, al menos hasta cierta edad, no “merecen” nada de lo que tienen, sino que les es dado por su entorno. En los contextos adultos esto es más relativo: por muchas desigualdades de origen que existan, una sociedad libre está obligada a entender a los adultos como responsables y, por ello, artífices de su propio destino.

La opción preferencial por los niños, por supuesto, será entendida de manera distinta según la tradición política a la que pertenezca quien quiera utilizarla como criterio de decisión. Sin embargo, cualquiera sea el caso, orienta esas decisiones hacia un horizonte más justo y razonable que si no fuera tomada en cuenta. Por eso podemos decir que es algo valioso, independientemente de la posición política que se tenga.

En suma, creo que la “opción preferencial por los niños” debería ser un filtro de justicia básico en el diseño y operación de nuestras instituciones. Y espero que esta causa no sume más mártires como Lisette, que a sus 11 años dejó este mundo sin haber recibido más que violencia e indiferencia por parte de todos nosotros.

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