Columna publicada el 30.08.18 en The Clinic. El anuncio del presidente Piñera de impulsar un Museo de la Democracia no logró que el ejecutivo tomara las riendas de los debates en torno a nuestro pasado reciente. Él mismo pareció no entender a cabalidad el contexto político, y una justificación insuficiente hizo que el anuncio se leyera como un empate con el Museo de la Memoria. Una vez más, la discusión termina reducida a dos interpretaciones radicalmente opuestas sobre la historia, impidiendo que avancemos en un encuentro en torno a ella. En medio de todo el polvo que se levantó, tres preguntas pueden contribuir a acercar posiciones con respecto a nuestro pasado. En primer lugar, ¿es posible realizar cuestionamientos legítimos al Museo de la Memoria sin relativizar los crímenes de la dictadura? El relato de dicha institución reafirma la dignidad de las víctimas y muestra, dentro de sus posibilidades, todo el horror de la tortura y desaparición forzada que sufrieron miles de compatriotas. Sin embargo, su existencia no resuelve (como algunos afirman) de una vez y para siempre el modo en que las violaciones a los derechos humanos deben ser recordadas. Este desafío es permanente y exige apertura para revisar una memoria que, como dice Todorov, no debemos sacralizar. ¿Basta con plantearse la memoria como objetivo político para hacer justicia con nuestro pasado? Como también explica Todorov, este tipo de relatos suelen surgir cuando la fuerza del Estado intenta suprimir a determinados grupos y sus expresiones culturales. La memoria, por tanto, se convierte en el único modo de existencia, siempre precario, fragmentario y subversivo. De ahí que este tipo de discursos hayan sido, a mediados del siglo XX, un modo excepcional de supervivencia bajo los totalitarismos europeos. Sin embargo, una sociedad democrática y plural debe tener con ella una relación algo distinta: como ha advertido David Rieff —quien esta semana estuvo en nuestro Museo— la memoria puede en ocasiones estar más cerca del mito que de la historia, de ahí que tengamos el deber de interrogarla y complementarla con otro tipo de discursos. Por otro lado, como también ha dicho Rieff, ya no hay riesgo de que esta sea suprimida. Hoy la amenaza es la contraria: el exceso de memoria. Podemos entonces preguntarnos, ¿puede la reconciliación ser un objetivo político que acompañe a la memoria? Si durante los primeros años de la Concertación el reencuentro fue una tarea explícita (la comisión Rettig, de hecho, buscaba “la verdad y la reconciliación”), con el paso del tiempo dejó de estar presente en la esfera pública. De hecho, pareciera que algunos desconfían del término, pensando que neutraliza las demandas por mayor justicia y verdad y que obliga a renunciar a un pasado doloroso. Pero no tiene por qué ser así. Una demanda mucho más limitada de reconciliación —dejar de utilizar el pasado y la memoria como arma política y buscar el modo de que todo un país se encuentre en torno a ciertas enseñanzas del pasado— pareciera ser recomendable. Además, el abandono de la reconciliación parece dejar en manos de la memoria una tarea que, sin duda, la excede. ¿A qué enseñanzas sobre nuestro pasado podría contribuir este encuentro entre memoria y reconciliación? Primero, que los derechos humanos no sean utilizados políticamente. Cuando los dichos del diputado Gabriel Boric condenando las violaciones a los derechos humanos en otras latitudes despiertan una polémica tan ácida dentro de su propia coalición, cabe evaluar el modo en que los estamos comprendiendo. Segundo, la violencia nunca puede ser una herramienta de lucha política: eso exige que la izquierda abandone las ambigüedades con que evalúa los años anteriores a la dictadura, estén o no en un museo. Y por último, aprender que cuando la historia y la memoria se utilizan como arma arrojadiza en contra de nuestros adversarios políticos, lo único que logramos con certeza es degradar la relación que tenemos con el pasado.