Más allá de las preferencias de cada cual, quien observe el primer debate de cara al balotaje por la Gobernación Regional Metropolitana, realizado ayer en Canal 13, probablemente advertirá cierto fastidio o molestia en el candidato Claudio Orrego. El fenómeno exige un esfuerzo de comprensión —en especial para sus partidarios y las fuerzas oficialistas que lo respaldan—: ¿por qué un político profesional de vasta trayectoria se percibe progresivamente incómodo frente a su adversario, quien según propia confesión no fue ni la primera ni la segunda alternativa de la centroderecha? ¿Qué motivos podrían explicar, con independencia del resultado final de los comicios, que estén siendo tan ingratos para el exalcalde de Peñalolén?

El mismo debate entrega algunas luces al respecto, desde la rendición de cuentas exigida a los incumbentes (como la interpelación sobre los escasos avances del Eje Alameda-Providencia) hasta las esquirlas del caso Convenios (en este caso, la arista ProCultura). Con todo, lo principal va por otro lado y remite a la aparente inconsistencia del actual gobernador. ¿Por qué —fue inquirido— pocas semanas atrás hacía campaña con la derrotada alcaldesa comunista Irací Hassler y ahora, en cambio, difunde videos con antiguas imágenes de ediles opositores que votan por su rival? Más importante aún: ¿por qué —le enrostró también su adversario— hoy solicita el apoyo de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad si apenas ayer, el año 2022, apoyaba un proyecto constitucional que eliminaba el estado de excepción de emergencia y debilitaba de modo significativo la labor de las policías (entre varios otros defectos)? 

Preguntas de esta índole suelen importunar al exintendente y otros dirigentes afines, pero todo indica que seguirán formulándose, en la medida en que tanto él como otros referentes de centroizquierda continúan sin ofrecer una explicación suficiente de su derrotero posterior al 18-O. Luego, más que esquivar el bulto, aquellos herederos de la fenecida Concertación que avalaron expresa o tácitamente la idea según la cual “no eran 30 pesos, sino 30 años”, o que promovieron el texto de la fallida Convención, deberían enfrentar el asunto de una buena vez. No sólo por razones electorales —la misma clase de interrogantes volverá a surgir en las próximas campañas parlamentarias y presidenciales—, sino también por razones de proyección e identidad política. ¿Qué tipo de diagnósticos y objetivos condujeron a esas decisiones y narrativas? ¿Cuál es la autocrítica que hoy sostienen al respecto? ¿Volverían a hacer lo mismo en caso de que cambiara nuevamente la correlación de fuerzas? 

En la respuesta a esas preguntas se juega, al fin y al cabo, el futuro de la centroizquierda chilena.