Columna publicada el jueves 2 de julio de 2020 por The Clinic. La crisis de legitimidad que invade nuestras instituciones puede expresarse de distintas maneras. Una de ellas es el deterioro de su dignidad: una reducción sutil, pero progresiva, del valor y estatus del cargo representativo en que esa institucionalidad se actualiza y manifiesta cotidianamente. En los últimos días hemos asistido a un despliegue de gestos lamentables en este sentido, que no hacen más que seguir enlodando las instancias llamadas a articular nuestra vida en común. Así, los pocos signos de esperanza que de vez en cuando aparecen –como el acuerdo económico entre el gobierno y la oposición, o la “leve mejoría” en la evolución de la pandemia–, se desdibujan con la actitud de representantes que parecen despreciar las formas más elementales que sostienen la república. Mientras unos se dedican a repartir amenazas de distinto calibre en twitter a sus adversarios; otros, en una puesta en escena aparentemente más sofisticada, están dispuestos a pasar por encima de la propia legislación con tal de hacer avanzar sus agendas. Total, si la “Constitución es un cadáver” como creen algunos (que paradójicamente reivindican las “formas del derecho”), cada uno se puede mover como se le dé la gana, sin andarse con sutilezas. El panorama lo cierra el propio presidente que, sumando un momento más para el bronce, decide regalar a las redes sociales el comidillo ideal: la imagen del mandatario premiándose con un vino en una exclusiva tienda de Vitacura. Los episodios citados muestran problemas de distinta naturaleza, pero sus protagonistas comparten una indiferencia deliberada por la dignidad del cargo que representan. Hemos discutido desde octubre una serie de reformas para relegitimar las instituciones que están por el suelo, y olvidamos que esa legitimidad no se configura por decreto, sino que se realiza día a día, en el oficio mismo de la política. El caso ya mencionado de la compra de vinos por parte del presidente es tal vez el ejemplo más ilustrativo. La tienda a la que asistió tiene todos los permisos para estar abierta y hasta donde sabemos el presidente no infringió ninguna norma al asistir a ella. ¿Cuál es el problema, entonces? Que, leído desde la dignidad de su función, el gesto parece de una banalidad extrema, ciega a la tragedia en que está sumida la mayoría de la población. Incapaz de reconocer que la crítica no se juega en un nivel puramente jurídico o formal, el presidente expone a su ministro de Salud haciéndolo responder algo cercano a una desfachatez: como primer mandatario, no está sometido a los requisitos del estado de excepción. La contradicción profunda que subyace a la declaración es evidente: esa prerrogativa supone que todos sus actos, en circunstancias excepcionales como las que vivimos hoy, se justificarán por estar al servicio de las exigencias de su cargo (sometidas al bienestar de todos los chilenos). Este problema en todo caso, como muestran los otros ejemplos citados, está lejos de ser un defecto exclusivo del presidente. Se trata de una actitud que atraviesa a la clase política casi completa, que no necesitó la llegada de la temida amenaza populista para ponerse ella misma a horadar las formas –legales y simbólicas– que configuran su rol. Quizás se deba a la magnitud de las crisis que hemos vivido, que la sumen en la desorientación. Y quizás por lo mismo se ha vuelto particularmente vulnerable a los cambiantes y arbitrarios ánimos de unas redes sociales que hoy se comen la opinión pública, sin dejar espacio casi para la deliberación, la humildad, la mesura y la demora propias del régimen democrático. Sin embargo, esa clase política debiera ponerse alerta de una buena vez, y recordar que no habrá proceso constituyente ni mecanismo alguno que levante las instituciones, sino se convence antes ella misma de la dignidad de su cargo, de que allí portan algo que va más allá de sí mismos.