Columna publicada el 26.06.19 en el Diario Financiero.

En un fallo bastante previsible, la Corte de Apelaciones de Santiago acaba de dejar sin efecto una ordenanza municipal de Las Condes, dictada en octubre de 2018. Buscando ampliar los ambientes libres de humo ya establecidos por ley, dicha ordenanza prohibía fumar en plazas y parques públicos de la comuna (incluyendo cigarrillos electrónicos), e imponía multas de hasta 5 UTM a los infractores. Desde luego, puede pensarse que la medida tenía fundamento y motivaciones loables, como lo sabe cualquiera que ha ido con niños a una plaza y se ha encontrado con colillas en el piso. Pero aquí no bastan las buenas intenciones. Dada la lógica que caracteriza nuestro ordenamiento jurídico, hay materias cuya regulación está reservada a la ley y, por lo mismo, en este caso existía una clara extralimitación de funciones. Guste o no, las prohibiciones de esta naturaleza son competencia del legislador, no de los municipios.

En este contexto, la sentencia representa una seria advertencia para Joaquín Lavín. Es sabido que el edil se encuentra muy bien posicionado para convertirse en el candidato presidencial del oficialismo, y también que Lavín no trepida en recurrir a soluciones creativas e innovadoras, aunque se trate de playas o lluvias artificiales. Pues bien, no está mal recordar que una autoridad política, cualquiera sea, debe respetar ciertos límites al momento de ejercer sus atribuciones. Dicho en simple, las formas importan: no hay autoridad por encima de la constitución ni de las leyes, ya sea que estemos en Las Condes o en La Moneda. En ese sentido, acá hay algo profundo en juego. Tal como explicara Lon Fuller –tal vez el teórico más relevante del estado del derecho–, las reglas legales ayudan a proteger bienes sustantivos, como la limitación de la arbitrariedad.

En ese sentido, el fallo también significa una advertencia para Chile Vamos. El oficialismo usualmente invoca el valor del estado de derecho como uno de sus principios rectores, pero fueron escasas las voces que en su minuto se alzaron contra la ordenanza de Lavín. El silencio es llamativo. Después de todo, la centroderecha ha recurrido en múltiples ocasiones al poder judicial y al Tribunal Constitucional para defender el principio de reserva legal. Si en el pasado se cuestionó a la administración central o municipal por las mismas prácticas que la Corte de Apelaciones ahora reprocha a Lavín, ¿por qué se omitió todo tipo de comentario al respecto? ¿Habría sido idéntica la actitud si Las Condes estuviera regida por un militante del PS o el PC, o si se tratara de un personaje sin potencial electoral? No resulta demasiado creíble ni consistente aludir al estado de derecho sólo cuando conviene.

Pero el oficialismo no fue el único silente ante la cruzada del alcalde. Quizá la mudez más sorprendente y sintomática fue la de nuestros parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición. Frente a un hecho que en lo fundamental consistía en una usurpación de funciones –si hay un lugar para discutir esta clase de medidas es el Congreso–, básicamente nadie dijo nada. Nótese la paradoja. Mientras Lavín crece en las encuestas explotando el espacio en blanco dejado por la política, yendo incluso más allá de la ley, son los tribunales (y no los políticos) quienes le recuerdan al edil que él no debe hacer aquello que es propio de un legislador. Una demostración patente de que cuando se produce un vacío, no falta quien lo ocupe.