El nuevo y extenso conflicto portuario ha demostrado una vez más la poca capacidad política del Gobierno y ha reforzado la idea de que la derecha sólo logra actuar con eficiencia en contextos de consenso público.

Los ejemplos de lo segundo son varios, partiendo por cómo sacó adelante el proceso de reconstrucción post-terremoto, que ha sido alabado en todo el mundo, o el caso de los 33 mineros, donde el Ejecutivo brilló por su capacidad de despliegue técnico. A ello se suma el haberle sacado trote a la economía nacional con múltiples y oportunas políticas en medio de una crisis mundial. En otras palabras, cuando está claro lo que hay que hacer, siempre se puede contar con la derecha. Cuando es necesario buscar acuerdos sobre qué hacer, lamentablemente nos ha demostrado que no mucho.

¿Por qué pasa esto? Una línea explicativa sería que las personas de derecha tienden a naturalizar el orden, por lo que frente al desorden no saben muy bien cómo actuar. Por eso suelen ser más propensas a considerar los conflictos sociales como asuntos de orden público. Otra línea, vinculada a la primera, sería la comprensión economicista de la acción humana que ha campeado intelectualmente en el sector y que vuelve incomprensibles muchos de los elementos en juego en los problemas sociales. Una tercera posibilidad sería el bajo umbral de frustración ante las situaciones de disputa política que experimenta la derecha, su famoso derrotismo o pesimismo. La cuarta, más práctica, sería su "falta de calle" y de presencia en el entramado de poder que representan las organizaciones sociales y sindicales (la tesis de la "falta de operadores", de Eugenio Tironi).

Ahora bien, también es necesario considerar cuál sería el extremo opuesto de este estilo "gerencial": el corporativismo de las infinitas componendas. En un orden así, como decía el famoso tango, "el que no llora no mama, y el que no afana es un gil"; los grupos de presión -desde los empresariales hasta los sindicales, pasando por los estudiantiles- se acostumbran a los arreglines y a una lógica de la extorsión oportunista. En tales contextos, el esfuerzo personal es despreciado, lo central pasa a ser a qué bando se pertenece y qué redes se tiene. Las leyes tienen nombre y apellido, y los más débiles siempre salen perdiendo. Así fue Chile alguna vez, y la derecha de ese entonces participaba de la repartija. Un orden como ése es el paraíso de los operadores.

El actual Gobierno, por la misma razón que no ha tenido mucho éxito al administrar conflictos, ha tenido la gracia de no incursionar en este tipo de prácticas. Al contrario, ha sido la administración más exigente de los últimos veinte años respecto del cumplimiento de las normativas vigentes, siendo especialmente dura con los sectores empresariales. Es cosa de comparar con los gobiernos anteriores el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia de Valores y Seguros, o el Servicio Nacional del Consumidor.

El camino entre el extremo "gerencial" y el corporativista es comprender que no basta con sacarles trote a las cosas tal como están, sino que debe actuarse en política con un horizonte legitimado, al cual se pueda apelar en momentos de conflicto. Construir ese horizonte y legitimarlo, acumulando capital político y simbólico en torno a él, es el desafío que la derecha enfrentará desde que abandone La Moneda.