El pasado domingo 2 de noviembre, el cuerpo “C” de El Mercurio titulaba: “Ineficiencia, demoras y faltas éticas: las lapidarias críticas de los usuarios sobre los tribunales de justicia”. La nota daba cuenta de los resultados de la última encuesta anual de satisfacción del Poder Judicial, respondida por más de cuatro mil usuarios. El diagnóstico fue categórico: la ciudadanía percibe al sistema como lento, distante y, en algunos casos, carente de integridad.

Otras cifras recientes confirman esa tendencia. Según la encuesta CEP de septiembre-octubre de 2025, los tribunales de justicia y el Ministerio Público se encuentran entre las instituciones con menor nivel de confianza —16% y 17%, respectivamente—, y entre las que exhiben mayor percepción de corrupción, solo por detrás del Congreso Nacional y el gobierno. Mientras el Poder Judicial encarna el ideal del “árbitro imparcial” en el Estado de Derecho, en la práctica su legitimidad aparece cada vez más erosionada en comparación con otras instituciones.

Esta desafección tiene raíces profundas. Como advertía hace casi dos décadas el jurista Eduardo Aldunate, “nuestro modelo de organización judicial, inclusive el diseño de gobierno judicial, no ha sido objeto de reflexión consciente en ningún momento de nuestra historia”. En efecto, desde los inicios del Estado moderno, la teoría política relegó al poder judicial a un rol mecánico y secundario, a pesar de ser el que se relaciona de manera más directa con las personas. A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, su arquitectura institucional no fue nunca el centro del debate público. Hasta hoy, ese vacío reflexivo persiste, más allá de las propuestas transversales que existieron en el marco de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional que funcionaron el 2023.

Frente a este escenario, el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) publicó recientemente el documento “Sistema judicial y percepción ciudadana: cuatro claves para el debate” que elaboramos junto a Guillermo Pérez y Álvaro Vergara. El texto propone una reflexión teórica y empírica sobre los desafíos del Poder Judicial ante la desconfianza ciudadana, y sostiene que las percepciones negativas hacia la justicia inciden de modo significativo en la desafección institucional general. En otras palabras, la crisis del Poder Judicial es también una crisis del vínculo entre ciudadanía y Estado. El documento plantea que la debilidad de ese vínculo respecto de los tribunales se expresa hoy en tres ámbitos principales: corrupción, acceso a la justicia y sensación de impunidad. Estos factores, entrelazados, conforman un círculo vicioso que mina la confianza pública y debilita la eficacia del sistema.

Primero, se analiza el fenómeno de la corrupción. Aunque Chile sigue figurando entre los países menos corruptos de la región, las señales son preocupantes. En la última versión del Índice de Percepción de la Corrupción, el país descendió del puesto 27 al 29, con una baja de 67 a 66 puntos —lejos de 73 alcanzado en 2014—. Desde el “desastre de Rancagua” en 2019 al reciente Caso Hermosilla, la percepción de corrupción judicial ha aumentado sostenidamente. Dicha alerta es grave: cuando la sospecha alcanza a quienes deben garantizar la probidad, se erosiona el fundamento mismo de la justicia. El exministro de Justicia Hernán Larraín ha advertido, en esta línea, que buena parte del problema reside en la concentración de atribuciones jurisdiccionales y administrativas en la Corte Suprema, lo que termina distorsionando sus funciones y debilitando su independencia interna.

En cuanto al acceso a la justicia, el documento plantea que las barreras no son solo económicas, sino también de voluntad y conocimiento. Pese a los esfuerzos de modernización, amplios sectores siguen sin recurrir al sistema judicial ante la comisión de delitos o conflictos civiles. La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2023 muestra que el 52,5% de los hogares víctimas de delitos violentos no denuncian, y que solo un 41% de quienes lo hacen queda satisfecho con el actuar de las autoridades. Al respecto, destaca el dato que el grupo socioeconómico D, tiene 8,4 veces más probabilidades de no denunciar que el grupo ABC1. Aquella distancia entre el sistema judicial y las personas genera un efecto de desafección y resignación: quienes más necesitan justicia son, paradójicamente, quienes menos acceden a ella. Ello produce un doble daño —social y técnico—, pues las víctimas quedan sin reparación y las políticas públicas se diseñan con datos incompletos, perpetuando la ineficacia.

Por último, se analiza la sensación de impunidad imperante. En materia penal, la sobrecarga del sistema y la falta de coordinación entre el Ministerio Público, Carabineros, la PDI y los tribunales alimentan la percepción de que muchos delitos quedan sin sanción efectiva. Un estudio de la Universidad San Sebastián, basado en estadísticas del Ministerio Público entre 2013 y 2023, muestra una “triada crítica”: disminución de sentencias condenatorias, aumento de absoluciones y uso masivo de salidas no judiciales, como el archivo provisional. La respuesta institucional, fragmentada e ineficiente, termina reforzando la idea de que el sistema no protege ni disuade.

Estos tres fenómenos —corrupción, inaccesibilidad y sensación de impunidad— no son episodios aislados, sino manifestaciones de un modelo judicial que ha cambiado poco en décadas. Desde la reforma procesal penal del año 2000, el país no ha repensado de manera integral el funcionamiento y gobierno del Poder Judicial. Persisten estructuras rígidas, escasa rendición de cuentas y una relación cada vez más tensa entre los jueces y la política. Todo esto en un contexto de creciente protagonismo judicial en materias de política pública, lo que agrava las tensiones entre técnica y legitimidad democrática.

El documento concluye que, sin una revisión profunda del diseño institucional y sin una mirada centrada en las personas, será imposible salir de la crisis. Como advertía tempranamente Aldunate, ha llegado el momento de que Chile piense conscientemente su modelo judicial: no solo para mejorar su eficiencia, sino para reconstruir el vínculo de confianza entre jueces y ciudadanos. Solo así será posible recuperar la idea —hoy tan frágil— de que la justicia es el último resguardo común frente a la arbitrariedad y la corrupción. A ese esfuerzo intenta aportar el IES con esta nueva publicación.