Columna publicada el sábado 21 de mayo de 2022 por El Mostrador. Si algo nos ha enseñado el nuevo Gobierno es la importancia política de la prudencia. Siempre será sencillo apuntar con el dedo y hacer que la vida del contrincante se vuelva imposible. Ser oposición no es demasiado difícil, lo complejo –y republicano– es cumplir esa función desde una actitud constructiva. Para nuestra desgracia, y como se analizará en la presente columna de un apruebista defraudado, de ese ánimo constructivo fue precisamente de lo que carecieron muchos convencionales. Aunque los que intenten defender a toda costa el borrador se empeñen por omitirlo, el texto que propone la Convención es tramposo. La Convención Constitucional tenía en sus manos una gran posibilidad histórica: acercar las instituciones a las personas. En otras palabras, ser la entidad que diera el primer paso para reparar aquella fractura entre política y ciudadanía que quedó a la vista de todos durante el estallido social. El organismo, sin embargo, estuvo lejos de cumplir con ese noble y necesario objetivo. El borrador tiene 164 páginas y 499 artículos, pero la extensión, aunque algo revela, no es lo decisivo. El problema, en realidad, es lo que representa aquella extensión: su finalidad oculta no es más ni menos que una especie de desconfianza hacia el pueblo. En vez de redactar una norma fundamental sencilla y pedagógica, de la cual la ciudadanía pudiera servirse para comprender sus instituciones, se redactó una Constitución con un lenguaje para abogados –Atria dixit–. Y serán los abogados los que se pelearán a muerte por ganar su interpretación. Es cosa de ver la terminología empleada: tendremos un “presidencialismo atenuado”, “bicameralismo asimétrico”, “regiones autónomas”, “comunas autónomas”, “autonomías territoriales indígenas”, “territorios especiales”, un modelo “ecocéntrico”, “participación ciudadana digital”, entre muchos términos complicados e inexactos. La dificultad no reside solo en este lenguaje confuso, sino también en el fondo regulatorio. Elaborar una norma maximalista (el mismo constitucionalista Francisco Zúñiga reconoció tal carácter) que intente regular casi todos los aspectos imaginables, incluso algunos que no tienen nada que ver con la finalidad de una Constitución (como la regulación de las semillas o el espectro radioeléctrico), podría considerarse –empleando las palabras de Fernando Atria– como un acto “tramposo”. Fue como si los convencionales, en un intento por excluir al resto, hayan intentado plasmar lo que ellos consideraban mejor para la sociedad en todos los ámbitos de la vida común (recordemos que algunas de las iniciativas populares de normas con mayor votación fueron rechazadas). Analicemos la naturaleza de esta nueva Constitución utilizando las mismas palabras del convencional Atria. Atria, en su libro La Constitución tramposa, ponía en duda que la Carta del 80 o 2005 (o como se le quiera llamar) fuese una verdadera Constitución, debido a la gran cantidad de reformas que sufrió (las cuales, dicho sea de paso, permitieron a los gobiernos de la Concertación transformarla en una norma que hiciese a Chile un país gobernable y donde existiera verdadera alternancia en el poder). La página 44 del mismo libro dice: “Al mirar las llamadas reformas constitucionales, que han sido tan comunes en los últimos veinte años, es posible apreciar que se trata de normas que por su contenido son legales, pero que requieren quórums de reforma constitucional solo por estar en el texto constitucional”. Resulta al menos paradójico entonces que, ante la incapacidad de la Convención para llegar a acuerdos respecto al quórum necesario de reforma constitucional, se hayan blindado materias estructurales con reglas diferentes: un referéndum ratificatorio o que la reforma sea aprobada por dos tercios del Poder Legislativo. Es decir, la nueva Constitución tramposa instauraría un gran “cerrojo” en su nuevo Poder Legislativo cuoteado por paridad y escaños reservados, ya que este siempre tendrá la última palabra. La Convención decidió adoptar una lógica guzmaniana, reflejada en su desconfianza hacia las futuras y posibles decisiones democráticas (que son cambiantes y muchas veces pendulares). La estrategia, por tanto, fue activar diversos cerrojos en el texto, incluso hasta algunos por sangre, ya que para modificar algún aspecto de los derechos de los pueblos originarios se deberá requerir el consentimiento de los mismos beneficiados (que en muchos casos pueden ser coaccionados por grupos narcos y terroristas en las nuevas “autonomías territoriales indígenas”), tal como en el derecho indiano español. El padre Osvaldo Lira, mentor de Guzmán, estaría feliz y enojado a la vez.