Columna publicada el 27.03.19 en Diario Financiero.

Según distintos informes de prensa, el senador del PPD y nuevo presidente de la cámara alta, Jaime Quintana, buscará articular a la oposición retomando el proyecto de nueva Constitución. Los sectores que miran con recelo esta agenda bien podrían asumir que se trata de otra idea descaminada del autor de la "retroexcavadora". Esa aproximación se ve favorecida por la escasa prioridad que –al decir de las encuestas– otorga la ciudadanía al debate constitucional, y por los magros resultados que obtuvo en la materia el gobierno de la Nueva Mayoría. A primera vista, entonces, no hay de qué preocuparse. 

Pero las apariencias engañan. 

En efecto, el centro y la derecha cometerían un severo error si dan por sentado que la apuesta de Quintana no tiene ningún tipo de potencial. Después de todo, la baja credibilidad de nuestras principales élites e instituciones es un caldo de cultivo para el Frente Amplio y otros grupos políticos e intelectuales que desean reconducir nuestros debates públicos más acuciantes -educación, salud, pensiones- hacia el ámbito constitucional. Sin ir más lejos, basta recordar la campaña y el programa que antecedieron a la segunda elección de Michelle Bachelet.

Asimismo, hay pocos temas con tanto potencial para unir a los cuadros de la oposición como aquellos que vuelcan la mirada al pasado. Fuera de La Moneda y carentes de proyectos compartidos, aquellas disputas que reviven el clivaje "dictadura" vs. "democracia", aunque sea en forma somera o parcial, tienden a ser explotadas por la izquierda. En ese sentido, conviene tener presente un factor adicional y cuya relevancia no cabe menospreciar: en 2020 se cumplen 40 años desde que la Junta Militar aprobara el texto constitucional que entró a regir en marzo de 1981, luego de un plebiscito realizado en condiciones indefendibles bajo los parámetros de cualquier Estado de Derecho en forma. Guste o no, ese hito volverá a poner la discusión sobre la mesa, y más todavía cuando se avecinan nuevos ciclos electorales.

Desde luego, hay múltiples argumentos que permiten defender la legitimidad de la Constitución vigente. Por de pronto, el articulado permanente del texto aprobado en 1980 nunca rigió en nuestro país: el régimen de facto de Augusto Pinochet gobernó los años siguientes en base a disposiciones transitorias, y en 1989 se realizó un conjunto de significativas reformas a la Carta Fundamental, que fueron plebiscitadas conforme a derecho y apoyadas muy masivamente: las aprobaron más de seis millones de personas (de siete millones y medio de inscritos), alcanzando un 91% de adhesión. En palabras del reputado académico falangista Alejandro Silva Bascuñán, quien en su minuto renunció a la “Comisión Ortúzar” por diferencias públicas con la dictadura, la conjunción de este plebiscito, del anterior de 1988 (el triunfo del no) y las elecciones de Congreso y Presidente de fines del 89 transformaron “la imposición de un texto en una nueva estructura constitucional firmemente ratificada por la ciudadanía”.

En julio próximo se cumplen 30 años de este plebiscito. Reivindicar y difundir esta fecha y la evolución constitucional posterior es un modo concreto de hacer frente, en términos históricos y simbólicos, a la ofensiva de Quintana. Ello, sin embargo, exige anticiparse y tomar en serio esta disputa. ¿Estarán el centro y la derecha a la altura, o se verán sorprendidos –una vez más– por los vientos revolucionarios que de tanto en tanto pretenden reemplazar ex nihilo la Constitución vigente?