Columna publicada el 22.01.20 en el Diario Financiero. Más allá de confirmar la tendencia favorable al “apruebo” de cara al plebiscito constitucional de abril, la última encuesta del CEP ofrece insumos valiosos para los distintos bandos en pugna. En efecto, quienes miran con escepticismo el itinerario constituyente seguramente destacarán que las prioridades ciudadanas continúan siendo las mismas del último tiempo: pensiones, salud, educación y sueldos. La cuestión constitucional mejoro su posición comparada con sondeos previos, pero asoma recién en el undécimo lugar entre aquellos “problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno”. Asimismo, ante la pregunta por las razones que explicarían las manifestaciones pacíficas, las tres respuestas más reiteradas son la “alta desigualdad de ingresos”, las “bajas pensiones” y el “alto costo de la vida”. Estos y otros datos similares debieran ser examinados con atención no sólo por los detractores de una nueva constitución, sino también por sus partidarios. El estallido social tiene un indudable componente socioeconómico, y ninguna agenda permite ignorar esta realidad. Con todo, quienes observan con beneplácito el cambio constitucional hallarán en este estudio de opinión pública tanto o más respaldo a sus planteamientos, en la medida en que se manifiesta una profunda crisis de representación y legitimidad institucional. Si bien un 64% de los encuestados señala que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, un 44% considera que ella funciona “regular” y un 47% “mal” o “muy mal”. Además, la confianza en las principales instituciones políticas bordea el margen de error (2% en partidos, 3% en Congreso, 5% en gobierno). Quizá por ello no sorprende que, ante la pregunta por “la mejor forma de solucionar” los problemas del país, las tres respuestas con mayor apoyo sean –no obstante la referida dimensión socioeconómica de las demandas– “reformas a la leyes para realizar cambios estructurales”, “una nueva constitución” y “cabildos para escuchar las demandas de las personas”. En el mismo sentido, tampoco debiera ser motivo de sorpresa que un 56% crea que una nueva constitución “probablemente ayude a resolver los problemas” y que un 78% afirme que los líderes políticos debieran “privilegiar los acuerdos” en desmedro de “sus propias posiciones”. Todo esto pareciera confirmar el diagnóstico, articulado por analistas de diversas disciplinas y sensibilidades políticas, según el cual existe una honda desconexión entre la política y la ciudadanía. Y esto es, guste o no, un problema constitucional. Las constituciones organizan y distribuyen el poder político. Sin duda limitan ese poder, pero tal limitación supone su eficaz configuración. Acá es precisamente donde estamos al debe hoy. No es la única falla, desde luego, pero se trata de una dificultad relevante. Tomarse en serio este problema y sopesarlo en toda su magnitud debiera llevar a los partidarios del “apruebo” a subrayar los aspectos orgánicos del debate sobre la Constitución. Hay que repensar el sistema electoral, los tamaños de los distritos y mecanismos de participación que complementen la (indispensable) representación tradicional. Por su parte, quienes impulsan el “rechazo”, por legítimos que sean sus motivos, debieran reconocer la peligrosa ruptura del vínculo entre política y sociedad. Con independencia del “apruebo” o “rechazo”, el estudio del CEP ratifica la necesidad de una significativa renovación institucional.