Columna publicada el 26.09.18 en La Tercera. “Valoro que un gobierno de derecha esté haciendo esto”. La opinión de Francisco Huenchumilla resume la positiva recepción que ha tenido el plan para La Araucanía. Varias de sus medidas retoman aspectos ya esbozados por otros actores políticos y sociales, pero tal recepción no es fortuita. En primer lugar, estamos en presencia de un programa general. Abarca aspectos propiamente políticos, simbólicos, económicos, culturales, de reparación, etc., y, por tanto, supone un trabajo mancomunado entre los pueblos originarios y diversos actores públicos y privados. Esto es importante, pues el principal desafío de esta agenda quizá sea lograr dialogar y hacerse cargo de las demandas del mundo mapuche, lo que requiere avanzar en conjunto. Desde luego, el plan es ambicioso y habrá que saber manejar las expectativas derivadas de subir la apuesta, pero cualquier aporte robusto en esta materia exige correr riesgos. Por lo demás, desafíos tan apremiantes y postergados como los de La Araucanía obliga a considerar los distintos factores en juego. El planteamiento de La Moneda no responde a la imagen que suele proyectar el oficialismo en estos asuntos. Con frecuencia, la derecha política ha sido percibida como preocupada única o exclusivamente por el combate a los actos de terrorismo que han existido en la zona. Y si bien este enfoque es necesario -la vigencia del estado de derecho es indispensable-, resulta demasiado insuficiente a la hora de enfrentar un cuadro tan complejo, que incluye variables históricas y sociales que exceden con creces los temas de seguridad y delincuencia. Dicho en términos simples, es muy relevante que esta agenda sea manejada por el Ministerio de Desarrollo Social y no por Interior. Con todo, hay una interrogante que surge al analizar este plan: por momentos cuesta encontrar un sello propio y distintivo del oficialismo. Que se proponga la creación de un nuevo ministerio (¡otro más!), tal vez sea el mejor ejemplo de que aquí falta un diagnóstico y una visión diferente a la heredada de gobiernos anteriores. Este déficit tiene sus consecuencias, y para notarlo basta reparar en el incipiente debate sobre las cuotas parlamentarias que se contemplan. Ahí el problema no se agota en los criterios que permitan distinguir de modo indubitado al mapuche del no mapuche en una sociedad eminentemente mestiza como la nuestra. La mayor dificultad es que, una vez aceptada la incorporación de otras variables diferentes a la representación democrática tradicional, ¿por qué no generar escaños protegidos? La interpelación ya surgió, y no es seguro que encuentre una réplica proporcionada. A fin de cuentas, reacciones como las de Huenchumilla suelen tener dos caras, y La Moneda no siempre parece advertirlo.