Columna publicada el 21.11.18 en La Tercera. La muerte de Camilo Catrillanca, la destrucción de evidencia por parte de Carabineros y la polémica y violencia posterior amenazan el plan trazado por el gobierno para La Araucanía. Cualesquiera fueran sus defectos, hasta ahora el Ejecutivo sugería una agenda atractiva para la región. De la mano del ministro Alfredo Moreno asomaba un horizonte de trabajo mancomunado que, al menos en el imaginario dominante, no era previsible en un gobierno de centroderecha. Lo ocurrido en los últimos días no debiera llevar a abandonar ese camino, sino más bien a profundizarlo. Desde el retorno a la democracia, la política del Estado chileno para con el pueblo mapuche ha transitado entre la entrega de tierras y el incremento de las medidas de orden y seguridad pública en la zona, y sus frutos son por todos conocidos. Dichas medidas son indispensables mientras continúen los atentados contra las personas y la propiedad, pero acentuar únicamente ese ángulo sería insuficiente. No sólo porque la legitimidad del uso de la fuerza depende de la legitimidad de la autoridad política, sino también porque, para lograr resultados diferentes a los alcanzados durante las últimas décadas, hay que variar el libreto. En ese sentido, si el gobierno ya anunciaba un cambio de rumbo respecto de la política de la transición en esta materia, las circunstancias actuales debieran conducirlo a doblar su apuesta. Nada de esto es sencillo, pero cabe plantear dos iniciativas concretas en esa línea. La primera sería dar una señal inequívoca de que el conflicto en La Araucanía es una prioridad, sustituyendo al cuestionado exintendente Luis Mayol por alguien con peso político, validado transversalmente y cuyo sello sea el diálogo y conocimiento de los actores involucrados. Y dado que al piñerismo no le sobran nombres con ese perfil, no es descabellado apuntar al propio Alfredo Moreno.