
¿Qué presidente es —o quiere ser— José Antonio Kast? A este respecto, la secuencia de las últimas semanas ha dejado algunas lecciones. En efecto, al mantener contra viento y marea al ministro de Justicia, el mandatario ha dejado ver uno de sus principales rasgos: la obstinación. Cuesta pensar, en las últimas décadas, en un secretario de Estado que haya recibido un respaldo tan cerrado por parte de un jefe de Estado. Esto obliga a tomarse en serio la actitud del Presidente: aquí no hay nada casual, sino una voluntad deliberada y explícita. Kast quiere decirnos algo. Por lo mismo, está dispuesto a poner todo su capital político al servicio de un ministro, a sabiendas de que el manual indica exactamente lo contrario: en principio, son los ministros los llamados a proteger al mandatario.
A primera vista, la consigna es simple: hay que aguantar los chaparrones, por más intensos que sean. En esos momentos se revelan el carácter y la autoridad. Si el nombramiento de los ministros es una prerrogativa exclusiva del Presidente, no hay razón que justifique transar. Sebastián Piñera aceptó el parlamentarismo de facto, pero Kast es distinto. No será un presidente a merced de los intereses de los partidos ni de los parlamentarios ni de las camarillas. El poder Ejecutivo, tal como fuera concebido por Diego Portales, está de vuelta. Tal es el mensaje que el mandatario quiere instalar, pagando el precio que sea necesario.
La tesis tiene sus ventajas. Por de pronto, en un paisaje de políticos timoratos, muestra convicción. La decisión posee algo de coraje, pues mira más allá de la encuesta del domingo. Por otro lado, todo indica que la oposición estiró el elástico al demorar la acusación constitucional. El momentum se ha diluido, y el libelo parece más jugarreta política que herramienta constitucional. De hecho, el Gobierno apuesta a salir fortalecido del trance: si la acusación es rechazada, solo se confirmará cuán desorientadas están las izquierdas. Sería una manera de salir por arriba de una crisis severa, poniendo la autoridad presidencial por delante. Así, los críticos de salón y los pájaros de mal agüero —de izquierdas y derechas— tendrán que comerse cada una de sus palabras. El Presidente sabe lo que hace.
Desde luego, cabe preguntarse por el tipo de peligros involucrados en la operación. Y es precisamente en este punto que surgen varias dudas. La principal pregunta es la siguiente: ¿cuál es la causa que justifica que el Presidente se haya expuesto tanto? Es innegable que hay causas que justifican ir a la batalla y correr riesgos. No obstante, en este caso, el desangre no ha tenido justificación razonable: nadie ha explicado la causa, nadie ha intentado convertirla en asunto colectivo más que individual. Por lo mismo, no es extraño que haya tan pocas voces que defiendan la estrategia. En rigor, el Ejecutivo espera lealtad de sus parlamentarios, pero esa expectativa es absurda si no va acompañada de motivos, más allá del mero voluntarismo. Es cierto que los parlamentarios oficialistas deben defender al Gobierno, pero el deber correlativo del Gobierno es ofrecer las razones para defenderlo. Sobra decir que si hay descuelgues, la crisis escalará varios grados: no hay nada más peligroso que perder el respaldo de las propias huestes.
El asunto no es trivial, porque el capital político es, por definición, escaso. Por lo mismo, al concentrar la agenda en este asunto, y al situar al mandatario en primera línea, el Gobierno pierde la oportunidad de concentrarse en las prioridades de la ciudadanía. Y toda la atención debería estar puesta en esas prioridades. Si los chilenos están decepcionados del Gobierno, pues bien, la primera tarea es restaurar la confianza. ¿En qué sentido esta lucha contribuye a ese propósito? Misterio insondable. Y si lo afecta, ¿no sería mejor abandonarla? ¿No valdría más, por ejemplo, mostrar más firmeza con los camioneros que llegaron a usar “el que baila pasa”? ¿No es más razonable fijarse en la comunicación de varios ministros que están a la defensiva y muestran poca iniciativa política? Estos son los auténticos retos del Gobierno, y el caso Rabat opera como simple distractor. El problema no es que el Presidente quiera afirmar su autoridad, el problema es que ha escogido la batalla equivocada.
En este sentido, es obvio que un cambio de gabinete acotado no modificaría mucho las cosas. La dificultad no es solo de nombres. El Gobierno necesita una cirugía mayor, porque el funcionamiento de la primera etapa ha sido deficiente. Sin embargo, esto exige que el Presidente y su entorno más directo tengan a mano un diagnóstico fino, para dar con las soluciones adecuadas. El caso Rabat es preocupante porque transmite la señal contraria: el mandatario se ve encerrado y reconcentrado sobre sí mismo, con poca interlocución. Además, emerge su desconfianza respecto de los políticos, pues prefiere operar en círculos de estricta confianza personal. Sin embargo, la voluntad y el carácter solo se convierten en acción si son compartidos por otros agentes. En política no existe nada individual. Quizás aquí reside el principal desafío de José Antonio Kast: transformar su obstinación personal en aventura colectiva. Mientras eso no ocurra, todos sus esfuerzos serán tan vanos como impotentes.