El año pasado, en plena campaña, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast daba ultimátum como este: “les quedan 102 días para dejar nuestra patria a quienes no estén de manera regular en Chile, para que puedan llevarse todas sus pertenencias, bienes, ahorros”. Quien no lo hiciera sería “expulsado de nuestra nación con lo puesto”. Casi un año después, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoce que “el nivel de abandono e ingenuidad en nuestro control fronterizo es total”.

La distancia entre ambas frases no es casual. El gobierno de Kast se presentó como uno de “emergencia”, y ese relato descansaba en una premisa implícita, pues bastaba con llegar a La Moneda y apretar las teclas correctas para que el Estado respondiera. Según esa aproximación, la inseguridad y la migración irregular eran un problema que pasaba en gran medida por la voluntad del gobernante de turno y las señales que ofreciera. El diagnóstico no era completamente falso, si consideramos los problemas de cierta izquierda para abordar el tema en serio, pero al mismo tiempo se trataba de una aproximación muy insuficiente. El Estado capaz se dio por sentado y su debilidad nunca entró en el diagnóstico. Sólo cuando llegaron al poder y observaron las instituciones por dentro notaron que las cosas eran bastante más complejas.

Pensemos en lo que suponen los ultimátums de campaña de Kast. Para cumplirlos, el Estado tendría que saber quién está en el país de manera irregular, dónde vive y cómo ubicarlo. Necesitaría funcionarios dedicados a esa tarea, tribunales que resuelvan a tiempo, vuelos disponibles y países dispuestos a recibir. En mayor o menor medida, cada uno de esos eslabones es frágil en nuestro país. La última estimación del INE y el Servicio Nacional de Migraciones calculó en casi 337 mil los extranjeros en situación irregular a fines de 2023, y el propio Servicio reconoce que el gobierno heredó más de 46 mil órdenes de expulsión pendientes. Desde marzo se ha expulsado a más personas que en cualquier año del gobierno anterior, pero aun sumando expulsiones y salidas voluntarias, el total del año no llega al 4% de la población irregular estimada. La retórica fue funcional a un plan que le hizo sentido al electorado, pero que en muchas dimensiones era imposible de cumplir.

Hay una paradoja importante en todo esto, pues un sector político que suele desconfiar (a veces con buenas razones) de la capacidad del Estado para administrar una empresa o un hospital lo imaginó omnipotente a la hora de ubicar y expulsar a cientos de miles de personas. Esto es un error fundamental, porque un diagnóstico que omite la situación real del Estado puede producir instrumentos y soluciones equivocadas. Si el problema es la voluntad, la respuesta son plazos, anuncios, leyes más duras y reformas constitucionales que otorguen facultades más amplias a las mismas instituciones. Sin embargo, todas esas herramientas presuponen ejecutores que funcionan de un modo más o menos homogéneo a lo largo del territorio. Si no somos conscientes de las diferencias territoriales del Estado, el problema vuelve a leerse como falta de voluntad, lo que empuja a prometer más fuerza la próxima vez. Así, se arma un círculo en que cada frustración alimenta un discurso más duro y, al mismo tiempo, ineficaz.

La debilidad del Estado no es solo un obstáculo, sino parte de la causa de muchos de nuestros problemas. Donde el Estado se retira, otros ocupan su lugar. Pasa en el norte y en el sur, en zonas urbanas y rurales, en el centro y la periferia: Los Gallegos vendían la luz en el Cerro Chuño a los vecinos, el Tren de Aragua se adueñó de los pasos no habilitados en la frontera con Bolivia y organizaciones criminales lotean y arriendan terrenos en las tomas. Y donde no lo ocupan los criminales, lo pagan otros privados: según Clapes UC, entre 2013 y 2025, el gasto privado en seguridad prácticamente se duplicó como porcentaje del PIB, mientras el público se mantuvo estancado. El propio Arrau lo ha resumido bien: “fuimos olvidando que el rol primario del Estado es la seguridad”.

El reconocimiento del ministro es pertinente, pero llega tarde y desde el gobierno, cuando las promesas ya están hechas y los resultados se miden con la vara de la campaña, lo que aumenta el desapego de la ciudadanía hacia el sistema. Para evitar esto era indispensable reconocer que no todo dependía de la voluntad y que la construcción de capacidades (registros, inteligencia, cooperación con los países de origen, presencia permanente en la frontera) tomaría más de un período presidencial. Habría sido, sin duda, un discurso menos atractivo, pero al menos más apegado a la realidad, y no necesariamente ajeno al del “gobierno de emergencia”.

Kast prometió que quienes no se fueran saldrían con lo puesto. La ironía es que se haya llegado al poder con lo puesto en muchos temas cruciales. La voluntad política es importante, pero no basta para solucionar problemas mucho más complejos. Aún es tiempo de rectificar el rumbo también en este plano. Construir un Estado capaz, con instituciones que puedan volver a legitimarse ante los ciudadanos, también es una emergencia.