Los 12 aviones de combate Northrop F-5 Tigre III de la FACH, que operan hoy en Punta Arenas, fueron comprados por Chile en 1974 (originalmente eran 18 Tigre II), cuando la administración Nixon-Ford levantó la prohibición de vender aviones supersónicos a países latinoamericanos, para contrapesar la influencia de la URSS (la dictadura de Velasco Alvarado en Perú adquirió tanques y helicópteros soviéticos en 1972-73, y luego 36 cazas Sukhoi Su-22 en 1976-77). El régimen chileno, a pesar de la situación económica, consideró una prioridad vital defender el norte. Por lo mismo, originalmente, y hasta 2010, estos aviones estuvieron en Antofagasta. Este es el mismo periodo en que la frontera norte fue minada (1974-75).

Sin embargo, luego del atentado a Letelier en Washington y la llegada de Carter a la presidencia en 1977, la Enmienda Kennedy prohibió de manera indefinida la venta de armas y repuestos, así como toda asistencia militar, a la dictadura chilena. Casi al tocar suelo los F-5 quedaron sin soporte técnico. Para mantener viva la flota se recurrió al mercado negro, a triangulaciones y al canibalismo técnico (cuatro aviones fueron sacrificados para reparar el resto). Las maestranzas de la FACH, asociadas con empresas Cardoen y asesoradas por ingenieros israelíes, lograron mantener operativos los F-5. Y, ya en los 90, un acuerdo con Israel Aerospace Industries permitió actualizarlos a Tigre-III.

El peor momento de las tensiones militares con Argentina en 1978 también fue el peor momento de la flota. Estados Unidos abandonó a Chile con menos de la mitad de los F-5 operativos. Cuatro de ellos fueron desplegados en Pudahuel. Dos F-5E incursionaron en territorio argentino para testear su vulnerabilidad aérea.

Entre el 2030 y el 2035 estos aviones, cargados de historia, pasan a retiro. Y la pregunta, en medio de tensiones crecientes en la Patagonia, es por sus reemplazos. Muchos se ilusionan con una flota de Lockheed Martin F-35 Lightning II, el avión de combate más moderno y caro del mundo. Sus ventajas son varias: apenas detectable por radares, compila, procesa y comparte datos de combate en tiempo real y cuenta con sistemas integrados que le dan superioridad en defensa y ataques aire-aire y aire-tierra.

¿Los problemas? Es absurdamente caro de comprar, operar y mantener. Una flota (con mantenimiento por 10 años) costaría a Chile hoy entre tres y cuatro mil millones de dólares. Además, es un avión que, debido a la cantidad de tecnologías incorporadas, es muy sensible a las condiciones de guardado y operación (los F-5 son carne de perro), y la Patagonia no es amigable en ese sentido. A esto se suma que su software de mantenimiento, sus archivos de datos de misión y el control de la cadena de suministro de sus piezas están completamente bajo el control de Estados Unidos. Y, finalmente, el hecho de su excesiva desproporción respecto de las hipótesis de escenarios bélicos con nuestros vecinos. Es un avión de naturaleza ofensiva y de penetración profunda, y nuestra estrategia es defensiva.

En todo caso, el mayor problema, considerando la accidentada historia de los F-5, es la dependencia directa y total de Estados Unidos para operar los F-35. Esto, porque un escenario de conflicto con Argentina en la Patagonia, tal como están las cosas, tendría entremedio a la Casa Blanca. La proyección antártica de la potencia del Norte se ha inclinado a usar la base naval integrada de Ushuaia como polo principal, y es difícil que eso cambie, incluso si salen Milei y Trump. Con Estados Unidos metido y con intereses activos en el sur (la vigencia absoluta del tratado respecto a la protección ambiental total de la Antártica acaba el 2048), no parece para nada conveniente que nuestra principal y más cara defensa dependa por completo de ellos. Visto así, la alternativa europea de los Eurofighter Typhoon parece más conveniente, pues son aviones más sencillos, resistentes y tecnológicamente autónomos, que no nos dejan a merced de nadie. Cuatro de ellos, sin ir más lejos, protegen las Islas Malvinas. Y no es que el Reino Unido no tenga F-35.