Los resultados de la versión 2026 de la Encuesta Bicentenario UC muestran una tensión que amerita una reflexión. Por un lado, el porcentaje de, quienes creen que el Estado debería responsabilizarse del bienestar de las personas subió de un 28% a un 43%, en apenas un año. Por otro lado, solo un 12% declara tener mucha o bastante confianza en el gobierno, un 10% en los tribunales de justicia y apenas un 3% en los parlamentarios (cifras que se han mantenido en niveles bajos desde al menos en 2022). Lo anterior es paradójico: esperamos cada vez más Estado, pero confiamos poco en algunas de las instituciones llamadas a responder esas expectativas. ¿Cómo comprender dicha paradoja? ¿Qué ocurre cuando creemos depender de instituciones cuya capacidad de respuesta es puesta en duda? 

Gran parte de nuestra vida trascurre sin detenernos a pensar en el entramado de instituciones, reglas y procedimientos que la hacen posible. Cruzamos la calle esperando que los autos respeten el semáforo o compramos por internet sin saber cómo se procesa el pago, se prepara el pedido o se organiza el despacho. En ninguno de estos casos conocemos ni controlamos todas las operaciones que median entre nuestras acciones y los resultados que esperamos obtener. Sin embargo, ese desconocimiento no nos impide actuar, pues podemos darlo por supuesto. 

Cabe destacar que no todas las interacciones suponen un mismo grado de complejidad. Comprar unas galletas en el almacén del barrio supone una relación relativamente más sencilla comparado a realizar un pedido internacional depende de una extensa cadena de operaciones y decisiones cuyo detalle ignoramos. Ahora bien, en ambos casos confiamos en que nuestras expectativas sean satisfechas. 

Lo anterior se explica por un elemento común: la confianza nos permite anticipar, con cierta seguridad, el resultado de nuestras acciones. Nada en el mundo está asegurado de antemano, las cosas siempre pueden ocurrir de otra forma ajena a la planteada. El conductor podría pasar de largo ante la luz roja, el pedido podría caerse del camión, el sistema informático de pago podría fallar, etc. Si tuviéramos que estar presente o conocer totalmente cada uno de los eslabones que conforman cualquier proceso, sería agotador. En este sentido, la confianza nos permite anticipar el futuro, aunque nunca podamos tener absoluta certeza de lo que ocurrirá. 

El problema surge cuando lo que dábamos por sentado deja de parecernos confiable. Pensemos en la seguridad. Cuando la protección frente a la delincuencia se vuelve incierta las personas comienzan a buscar soluciones individuales: instalar alarmas, cámaras de vigilancia, cercos eléctricos o rejas en los pasajes de los barrios. Todas estas medidas –comprensibles– requieren recursos, tiempo y organización. Así, parte de la responsabilidad de garantizar nuestra propia seguridad termina cayendo sobre nuestras espaldas. 

Es esta la tensión que subyace a los resultados de la encuesta en cuestión. Las expectativas sobre la responsabilidad del Estado conviven con una baja confianza en alguna de sus principales instituciones y autoridades: el gobierno, los tribunales de justicia y los parlamentarios. No es una contradicción, pues, aunque existe una mala evaluación del funcionamiento de las instituciones, y por tanto no se confía en ellas, se espera que ellas respondan por las tareas que le corresponden. Pero por lo visto eso no está ocurriendo en las áreas más frágiles: seguridad, justicia, crecimiento económico. Que en paralelo haya una alta sensación de incertidumbre respecto de las propias trayectorias vitales no es tampoco azaroso: se trata de una señal más de la puesta en duda de esta confianza básica que sostiene la vida social, y que una vez debilitada empieza a volver más graves nuestros problemas.

Desde luego, no es lo mismo confiar en una empresa que en el Estado. Si una tienda no cumple con la entrega de un producto se puede reclamar o buscar otro lugar donde hacer la compra. En cambio, funciones como la administración de la justicia o el ejercicio legítimo de la fuerza pública corresponden exclusivamente al Estado. Su funcionamiento requiere la coordinación de múltiples instituciones, cada una con competencias y procedimientos específicos. Cuando estos fallan, las posibilidades de encontrar alternativas son más limitadas. 

La confianza se construye en la experiencia reiterada de compromisos cumplidos, procedimientos comprensibles y errores corregidos. Todos elementos que satisfacen las expectativas que las personas depositan en las instituciones mencionadas. Esto no significa que todo saldrá bien, pues siempre habrá imprevistos, pero las instituciones deben ofrecer razones para confiar en que responderán de manera previsible y responsable. Cuando la confianza se debilita la complejidad de la vida social sigue presente, pero ahora cada persona debe asumir una parte mayor de sus costos. 

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