Es un secreto a voces. Ante la extenuante crisis que ha generado el “caso Rabat”, uno de los motivos que explicaría el singular manejo de esta situación —los ministros ya no son fusibles, la polémica en vez de encapsularse se eleva al corazón del gobierno y así—, sería la convicción de La Moneda de que dicha crisis es coyuntural. Al fin y al cabo, el destino de este período presidencial se jugaría en la llegada (o no) del anunciado crecimiento. “Es la economía, estúpido”, según se sentenciara algunas décadas atrás.

A primera vista, ciertas encuestas y sondeos parecen abonar esa perspectiva. La última entrega de Cadem, por ejemplo, sugiere que las dos medidas o desafíos más importantes para los próximos seis meses son la disminución de la tasa de desempleo (32%) y el retorno del precio de la bencina a sus niveles previos a marzo (28%), relegando la posible renuncia del ministro Rabat al cuarto lugar. En una línea semejante se ha pronunciado Juan Pablo Lavín, de Panel Ciudadano UDD, quien concluye que la crisis derivada de las polémicas rebajas de condenas tiene un efecto menor en la caída de la popularidad del mandatario: “lo que está detrás tiene que ver con la economía”, afirma Lavín.

Pero sin negar la pertinencia de ese tipo de análisis, conviene que las fuerzas políticas los examinen con cautela, sin forzar o sobredimensionar su lectura. Y, sobre todo, que no asuman a priori que un mayor crecimiento económico en 2027 —cuya magnitud tampoco se conoce ni se encuentra garantizada con certeza— represente la solución única o principal al difícil momento que enfrenta el oficialismo; un momento marcado por una inquietante erosión de la credibilidad presidencial que no se explica sólo por factores económicos.

Comoquiera que sea, el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente, porque la honda preocupación por el empleo y el costo de la vida revelan que la ciudadanía espera resultados inmediatos con independencia de las cifras macroeconómicas. En este cuadro desde luego influyen las expectativas que fueron inflamadas en la campaña presidencial y para las cuales, sin embargo, no había un plan de corto plazo que permitiera satisfacerlas ni siquiera en forma provisoria o parcial. Ya lo han subrayado diversas voces: falta un puente para el mediano y largo plazo.

De hecho, por incómodo que sea reconocerlo para el oficialismo, la población ha experimentado una disociación entre las promesas y el mensaje político que impulsaron al poder al Presidente Kast —el gobierno de emergencia— y las apuestas del gobierno en materia económica. Porque con independencia de sus méritos o diferencias entre sí, a ojos de la gente el presente está marcado por noticias ingratas (“bencinazo” y ajuste fiscal), mientras que las buenas noticias se anuncian fundadamente para el futuro (“megarreforma”), sin que todavía se perciban ni resulten tangibles para las grandes mayorías.

Por ese motivo, y considerando además las condiciones estructurales del complejo momento económico que vive el país —una década de estancamiento, tensiones e incertidumbres geopolíticas, etc. —, es indispensable que el gobierno transmita un auténtico sentido de urgencia, es decir, que haga creíble para la ciudadanía que se está haciendo todo —todo— lo posible por mejorar las cosas.

Y para encarnar de forma verosímil ese esfuerzo se necesita talento narrativo, despliegue en terreno, prioridades claras, despejar la agenda de ruidos innecesarios y otra serie de elementos muy difíciles de perfilar, pero que (¿habrá que decirlo?) no se reducen al mero ámbito económico. Aunque las derechas suelen resistirse a aceptarlo, la política siempre vuelve por sus fueros y nada indica que esta sea la excepción.