Columna publicada el viernes 7 de agosto de 2020 por La Tercera PM. Las tomas y quemas de escuelas y municipios, la huelga de hambre de Celestino Córdova y otros presos mapuches y las correspondientes manifestaciones de apoyo a estas acciones han llevado nuevamente la atención a los actos de violencia en La Araucanía. Esta vez, la discusión se ha centrado también en la licitud o ilicitud de la “autotutela”. Además de la preocupación por la escalada de la violencia – ya no solo hay tomas y quemas de municipalidades, escuelas, iglesias y camiones; también hay enfrenamientos entre civiles -, en último término la discusión versa sobre el Estado de derecho. Por un lado, los intentos por hacer justicia con la mano propia desconocerían la importancia del debido proceso, las competencias de las autoridades públicas y el respeto a los derechos básicos. En simple, harían vista gorda a lo que ordena la ley. Pero, por otro lado, si el Estado es incapaz de proveer la protección mínima a los habitantes del territorio, el imperio del derecho parece cesar. No quedaría, entonces, más alternativa que defenderse uno mismo. Como sea, el territorio al sur de Chile sería uno sin Dios ni ley, donde el Estado de derecho ya es letra muerta. La idea de que todos debemos someter nuestro actuar al derecho es elemental para el desarrollo de la vida en comunidad. Supone, en primer lugar, que las leyes estén escritas de un modo que permita obedecerlas. Sin embargo, no basta con que la ley pueda ser obedecida pues, en segundo lugar, el Estado de Derecho supone un contexto social que permita que efectivamente sea así. Dicho de otro modo, no basta con que haya ley y que ella sea conocida y clara, sino que debe, en los hechos, respetarse. Tal respeto se sustenta en un contexto social determinado, y esto último supone, en La Araucanía, mayores desafíos. Por de pronto, exige castigar aquellas conductas que infrinjan la ley, hacer efectivo el monopolio de la fuerza cuando las circunstancias lo ameriten, hacer cumplir los procesos judiciales y someter a ellos a todos quienes quebranten la ley. Acciones como esas son necesarias no solo para restablecer el imperio del derecho, sino también, y como consecuencia, para hacer posible la vida en paz. Sin embargo, actualmente en La Araucanía, el cumplimiento de la ley no solo depende de tales acciones. El contexto social juega acá un rol fundamental, que supone un desafío mucho más profundo. Se deben generar las condiciones que permitan articular una convivencia pacífica permanente. Ahí radica el principal reto. La agenda del Presidente Piñera al inicio de su gobierno era un buen paso en este sentido. Sin embargo, la gestión del Ministro Moreno acabó sin resultados y opacada por la violencia en la zona. ¿Tal vez habría que retomar ese esfuerzo? Se trata de un desafío político, que exige un trabajo mucho más profundo y de más largo aliento. No se agota en erradicar la violencia – asunto de primerísima urgencia – sino que implica recomponer confianzas y fortalecer vínculos. El respeto de la ley se sustenta en un ambiente social que no de motivos para quebrantarla. Si se fracasa en lo anterior, no es extraño que surjan intentos por instaurar justicia por mano propia, con todos los problemas que eso conlleva.