Columna publicada el sábado 13 de febrero de 2021 por La Tercera.

Según los datos de la ONU, 5,4 millones de venezolanos han abandonado su país desde el 2017. Se trata de una crisis migratoria. El grueso de esa migración (alrededor de tres millones) ha tenido a Colombia por destino. Le sigue Perú, con cerca de un millón de personas. Y, en tercer lugar, Chile, con 500 mil, siendo nuestra mayor comunidad extranjera.

El último episodio de esta crisis fue el ingreso ilegal de 1.500 personas a territorio chileno. El gobierno decidió expulsar a 100 indocumentados, que en su mayoría declararon ser venezolanos. Esto generó diversas reacciones: algunas organizaciones de migrantes venezolanos han reclamado por lo que consideran un “trato inhumano”, al tiempo que la izquierda chilena busca apuntar al voto migrante condenando lo sucedido, en el caso de Narváez, y ofreciendo “puertas abiertas”, en el caso de Jadue.

Desde el punto de vista político, la situación es muy delicada. El PC y la mayor parte del FA han sido cómplices sistemáticos del régimen chavista, al que ven, correctamente, como la realización no abortada del proyecto de la Unidad Popular. Daniel Jadue llegó a organizar corridas en honor a Chávez. Y su partido, el Comunista, ha hecho una defensa cerrada de la dictadura de Nicolás Maduro. Esto, salvo excepciones, no ha sido cuestionado por sus aliados del Frente Amplio, cuya defensa oficial de Maduro cesó en 2019, pero sin efecto en su orientación programática ni en sus alianzas.

El Partido Socialista de Paula Narváez, por otro lado, ha seguido una estrategia de evasivas frente a la dictadura venezolana, condenando el “injerencismo” de otros países y evitando cuestionar a Maduro. En el ámbito migratorio, por otro lado, el último gobierno de Michelle Bachelet, del que fueron parte tanto el PS como el PC -y del que Narváez fue ministra-, destacó, entre otras cosas, por el descontrol en cuanto al ingreso de ilegales al país.

Si la izquierda chilena quiere entrar ahora al debate sobre la situación venezolana y la crisis migratoria con un mínimo de seriedad, resulta necesario que reconozca que el origen de la migración masiva venezolana es una dictadura desastrosa que ha convertido al país en un Estado fallido. Y, como tal, es tiempo al menos de evaluar su intervención por la comunidad internacional, con el objetivo de habilitarlo para cumplir sus funciones básicas. No hay soberanía donde no hay Estado: a la obligación de recibir refugiados le asiste la de terminar con el desgobierno que los genera. No se refugia para subsidiar tiranos. La izquierda debe enfrentar las duras consecuencias del “socialismo del siglo XXI”.

También, por cierto, resulta urgente que la izquierda chilena explique su política migratoria. El desorden en este ámbito pone en riesgo a los propios migrantes. Es fácil sonar “humanitario” en periodo de campaña, pero hay que hacerse cargo del bienestar de quienes llegan y de quienes ya están acá, así como de la seguridad sanitaria e interior del país. Hay que asumir responsabilidades y no sólo repetir eslóganes buenistas y luego mirar para el lado. Los sueños y buenas intenciones de la izquierda han destruido vidas y países en todos lados. Venezuela es el último. Es hora de hablar y pensar en realidades.