Columna publicada el miércoles 17 de mayo de 2023 en CNN Chile.

La crisis que enfrentan las isapres en Chile está en un momento crítico. Recientemente, el Gobierno presentó un proyecto de "ley corta" en el Congreso cuyo propósito es que las isapres cumplan el fallo de la Corte Suprema, que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. El monto asciende preliminarmente a US$1.400 millones. La iniciativa del Ejecutivo y el fallo que la motiva han  generado opiniones dispares entre los actores involucrados, desde críticas al máximo tribunal del país por invadir un terreno propio de los poderes colegisladores (Congreso y Ejecutivo), hasta que es una forma de compensar a los afiliados. Esta disputa demuestra la complejidad de este debate, cuya resolución en uno u otro sentido afectará a millones de chilenos.

Por de pronto, no deja de ser llamativo que el gobierno haya esperado hasta el último minuto para presentar su propuesta para hacer cumplir el fallo (el plazo original otorgado por la Corte Suprema vencía el 30 de mayo). Esto revela la falta de unidad y de una estrategia consensuada, que evidencian una vez más la pugna entre las tan comentadas dos almas del oficialismo. Por un lado, están aquellos que ven esta coyuntura como una oportunidad para terminar con las isapres y cumplir así con una de sus promesas de campaña. Por otro lado, se encuentran aquellos que reconocen las consecuencias negativas que puede provocar una insolvencia del modelo de aseguramiento privado en el sistema de salud en su conjunto. Estos actores buscan una solución que permita la viabilidad de las isapres y establecer un cumplimiento gradual del fallo.

Ahora bien, el polo más radical del oficialismo y el propio presidente Boric niegan que el objetivo subyacente al proyecto de ley corta sea una quiebra generalizada de las isapres, argumentando que solo se trata de cumplir una sentencia de la Corte Suprema. Pero desde el máximo tribunal su vocera, Ángela Vivanco, ha señalado que la falta de evidencia de mayores avances por parte del gobierno en esta tarea justifica la ampliación de un nuevo plazo de seis meses. Y añade que  los fallos se dictan con el propósito de ser cumplidos. Como reza el dicho futbolístico, todos quieren tirar la pelota al córner, sin enfrentar el problema de fondo. En este contexto,  será el Congreso quien deberá resolver el entuerto.

Como era de esperar, la Asociación de isapres ha sido la más crítica con respecto a la iniciativa del Ejecutivo. En un comunicado calificó la propuesta como un "engaño" que conduce a un monopolio estatal y perjudica el acceso a la salud de todos los chilenos. Su presidente, Gonzalo Simon, ha sido enfático en señalar que, si sale este proyecto, “en septiembre está cerrado el sistema de isapres”. Diversos especialistas y exministros de salud han reaccionado en la misma línea, considerando que la ley corta, tal y como se ha presentado, podría marcar el fin de estas instituciones. Otra de las preocupaciones  es el impacto que puede producir la migración masiva de personas del sector privado al público, dado que Fonasa ya se encuentra sobrepasado por una alta demanda de consultas y cirugías pendientes. Los mayores perjudicados serán los mismos usuarios.

Pero se nos olvida otro actor fundamental en la ecuación: ¿Qué piensa la ciudadanía de todo esto? ¿Qué sistema de salud es mejor para Chile? ¿Deberían mantenerse las isapres? En caso de que se eliminen las isapres, ¿Fonasa está preparado para absorber los tres millones de beneficiarios que migrarían desde el sistema privado? Estas preguntas formaron parte de la Encuesta Panel Ciudadano realizada recientemente por la Universidad del Desarrollo. El sondeo revela que el 55% prefiere que el modelo siga siendo mixto (público y privado). Dos de cada tres personas creen que las isapres deben mantenerse, aunque con una mayor fiscalización. A su vez, el 53% de los encuestados considera que Fonasa no podría absorber a los casi tres millones de afiliados que actualmente se atienden en el sector privado. Lo que refleja esta encuesta es que una cosa es que las isapres estén mal evaluadas, pero otra cosa distinta es terminar con ellas y con la libertad de elegir.

En conclusión, estamos frente a un conflicto que se encuentra lejos de resolverse por las múltiples variables y actores que están en juego. El hecho de que el proyecto de ley corta reconozca que la caída del sistema de isapres afecta al sistema sanitario en su conjunto, descarta el argumento según el cual dar viabilidad financiera a las isapres es entregar un “salvataje al sistema privado”. Nadie discute que no hayan tenido su cuota de responsabilidad en esta crisis (es cosa de recordar sus planes incomparables, la letra chica y las cartas de adecuación entre otros), lo que desembocó en la judicialización del sistema. Las aseguradoras privadas afirman no estar pidiendo un “perdonazo”, sino la necesaria certeza respecto a las reglas del juego. En este escenario, sería conveniente separar el proyecto para abordar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, de aquel que debe resolver los temas estructurales del sistema de salud, cuya discusión se ha postergado por una década. Combinar esfuerzos públicos y privados no solo es posible, sino que puede ser virtuoso (es cosa de recordar la pandemia). Ojalá el Congreso que hoy tiene la pelota en sus manos no lo olvide.