El debate sobre el aporte público de instituciones particulares está presente en Chile hace varios años. Se desarrolló con fuerza durante la reforma educacional y volvió a instalarse tras publicarse el reglamento de la ley de aborto, que restringe la llamada “objeción de conciencia institucional”. Tiempo después, diputados de la la Comisión de Familia rechazaron, en primera instancia, aumentar los recursos para los organismos que colaboran con el Sename. Dos situaciones diferentes, pero profundamente relacionadas por el modo de ver el lugar del Estado y la minusvaloración de la sociedad civil en el espacio público. Una reflexión que los investigadores del Instituto de Estudios de la Sociedad han promovido en publicaciones, columnas y cartas en diferentes medios de comunicación. En un reciente documento publicado por el IES, Claudio Alvarado, Fernando Contreras y Manfred Svensson sostienen que “en principio, ningún centro privado de salud tiene la obligación de ofrecer prestaciones específicas (ni aborto ni ninguna otra)”, y que “negar a priori su aporte o su actuar colectivo es renunciar a la contribución de la sociedad civil en aspectos claves para el bienestar del país”. En la columna “Soluciones privadas a problemas públicos”, publicada en el Diario Financiero, Claudio Alvarado sostiene que parte de este problema se explica porque “hay quienes identifican lo público con lo estatal, ya sea de forma directa, o bien –como “el otro modelo”– restringiendo la participación en la vida pública sólo a aquellas asociaciones que se someten a las lógicas del Estado, aún si esto implica abandonar su ideario o propósito fundacional”. En esa misma línea, Alvarado señala en La Segunda que “si apreciamos la existencia de diferentes visiones de mundo que dialoguen y se confronten entre sí de manera razonada, lo mínimo es permitir que esas visiones puedan desplegarse (…) Lo público, en la medida en que implica la coexistencia del Estado y la sociedad civil (y no sólo al primero), es necesariamente plural”. El mismo principio defiende Pablo Ortúzar en la columna “El contralor y su otro modelo”, publicada junto al diputado Jaime Bellolio en El Mercurio, donde plantea que “si algo tiene en común toda la centroderecha, e incluso la Democracia Cristiana histórica, es la defensa del rol público de los privados y de la sociedad civil, respetando sus idearios institucionales y no sometiéndolos al lecho de Procusto del régimen de las instituciones estatales”. En un sentido opuesto y consistente con el rol público de las instituciones particulares iría dirigido el programa “Compromiso País”, que plantea soluciones para la superación de la pobreza con el apoyo de diferentes empresas. “No podemos sino celebrar el espíritu que anima el plan, que reconoce el hecho de que el Estado no es omnipotente, y convoca a otros actores al diseño y aplicación de políticas públicas orientadas a ir en ayuda de los que más lo necesitan. Destacamos, eso sí, que si esta iniciativa no es tomada en serio, su efecto será reforzar el irreflexivo estatismo que opera como sentido común en estos asuntos”, plantean Pablo Ortúzar y Claudio Alvarado en la carta “Subsidiariedad en disputa”, publicada en El Mercurio. Pese a que la Comisión de Hacienda repuso el aumento de los recursos para los organismos del Sename, el rechazo inicial de los diputados de la Comisión de Familia, principalmente respaldado por parlamentarios de la nueva izquierda, generó varias preguntas. “Primero fue el ataque de la izquierda a la educación particular subvencionada, luego a las universidades privadas, para seguir ahora con las instituciones médicas cristianas y las residencias colaboradoras del Sename. ¿Cuándo se volvió lo mismo ser de izquierda que pretender expulsar a los privados y la sociedad civil del espacio público?”, dice Pablo Ortúzar, también en El Mercurio. “La izquierda actual desconfía hasta el extremo de la sociedad civil organizada, y más aún cuando se trata de proveer bienes públicos. Esta disputa se extiende a cada vez más ámbitos, y lo que está en juego es ni más ni menos que el papel que se le asigna al Estado y el modo en que se comprende el espacio público”, complementa Claudio Alvarado en La Segunda. Mientras que Daniel Mansuy, en la columna la “La izquierda y los niños” (El Mercurio), plantea que “la izquierda desconfía de la sociedad civil, pues piensa que la sociabilidad humana está siempre contaminada por intereses privados, que se contraponen al interés público. En ese contexto, es imposible concebir una auténtica cooperación, y solo el Estado puede liberarnos de nuestro propio egoísmo”.