Columna publicada el martes 27 de julio de 2021 por The Clinic. “No quiero escuchar una noticia o por la tele hablar mal de Elisa Loncón”, afirmaba hace pocas semanas la machi Francisca Linconao. La afirmación es bien reveladora del momento político actual. Como notaba Mark Lilla en El regreso liberal, una de las consecuencias de la política identitaria es levantar un muro a la crítica. Y en ese tipo de política estamos inmersos. Octubre del 2019 parecía provenir de preocupaciones materiales, parecía sacar la discusión nacional del juego identitario y reconducirla hacia urgencias sociales y preocupaciones comunes. Ya entonces, por cierto, la cosa era bien ambivalente, pues todo estaba atravesado por múltiples banderas y símbolos. En cualquier caso, sea octubre lo que haya sido –eso nadie lo sabe con total seguridad– lo cierto es que hoy estamos en un verdadero festival de política identitaria. Algunos convencionales constituyentes comenzaron con ese juego desde temprano. Así, Daniel Stingo declaró expresamente que se le debe respeto a las minorías sociales, étnicas o sexuales, pero no a las minorías políticas. Es obvio: una vez que se entra en la política de identidad, alguien –y quien mejor que un convencional– tiene que repartir la tarjeta que certifica cuáles identidades son intocables y cuáles no. Pero el riesgo que se corre es enorme. Esta manera de aproximarnos unos a otros no solo entorpece el conjunto de la deliberación en la Convención Constituyente, donde precisamente el encuentro de las identidades políticas es lo decisivo. Las preguntas en torno a la relación del Estado con los pueblos originarios pueden, en realidad, terminar siendo las más afectadas por la cerrazón que trae consigo esta mentalidad. En efecto, mientras se aborde esta clase de preguntas dentro del marco de la mentalidad identitaria, las propuestas tenderán a la simple inflación de particularidades; a doblar la apuesta respecto de la manera en que otros las afirmen. El programa de gobierno de Gabriel Boric es bien ilustrativo de esta tendencia. Ahí no solo se replica la actual política de escaños reservados para futuras elecciones parlamentarias, sino que se la extiende a cada órgano imaginable (concejos municipales incluidos); no solo se propone el reconocimiento de un razonable espectro de derechos culturales, sino también la “puesta en valor de las prácticas de medicina y sanación de los pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente”; no solo hay una sana preocupación por el cultivo de la lengua, sino que “se fundarán universidades y centros de formación técnica indígena”. Concejos municipales, salud, ciencia, todo parece poder llevar su correspondiente etiqueta étnica. Vale la pena tener estos riesgos a la vista cuando se aborda ideas como la de plurinacionalidad, que muchos consideran un componente indispensable de la nueva Constitución. En un contexto dominado por la política de identidad hay, en efecto, una tendencia a imaginar las identidades originarias o locales como si por defecto fuesen más auténticas que el Estado nación. Los defensores de la plurinacionalidad apuntan así a que el Estado nación fue construido como el Estado de una única nación; contra ese pasado monocultural y monolingüe se levantaría ahora un Estado que reconoce una diversidad de pueblos. Pero así como decimos que Chile es hoy un país cultural, religiosa y lingüísticamente diverso, debe decirse lo mismo de los distintos pueblos que lo componen. En ellos existe, por cierto, la conciencia de una común historia, de haber sido objeto de exclusión y racismo, y de poseer tradiciones que merecen ser preservadas. Pero están a la vez compuestos por distintas posiciones políticas, por distintas visiones religiosas, por distintas miradas respecto de la integración y el desarrollo, cuestiones en las que no hay miradas de winkas o de mapuches. ¿Cuál de esos rasgos es el decisivo en la identidad que se busca reconocer? ¿A quién se confiere la autonomía cuando se habla de plurinacionalidad? Las preguntas, desde luego, se pueden multiplicar. ¿No es el etnonacionalismo radical, presente hoy en la Araucanía, un equivalente del Estado nacional homogéneo que se dice querer superar? ¿Es el lenguaje de la plurinacionalidad el adecuado para defender la cultura de todos los pueblos, incluidos aquellos que apenas cuentan con un puñado de miembros? Estas preguntas pueden admitir distintas respuestas, pero hay una mentalidad que tenemos que sacarnos de encima para siquiera empezar a plantearlas. Dicho de otro modo: lo que la plurinacionalidad intenta resolver, desde las premisas identitarias no podrá hacerlo. Si con la bandera de la plurinacionalidad se apunta, en cambio, a una mayor autonomía, descentralización, a un mayor pluralismo social e institucional, a reconocer comunidades que anteceden al Estado, a dar valor al conocimiento local, parece claro que se trata de una orientación valiosa, por mucho que deba ser precisado su alcance. Tal perspectiva, en efecto, no solo es apta para canalizar el bien de indígenas y no indígenas en las zonas de conflicto, sino también es una perspectiva adecuada para encausar muchos otros problemas del país. Como con todas las ideas de este tenor, la clave está en cómo se precisan los conceptos. Pero si pueden aterrizar en direcciones tan distintas, más vale que exijamos precisión a quienes con tanto esmero claman por plurinacionalidad.