Columna publicada el domingo 13 de junio de 2021 por La Tercera.

Si el gobierno de Sebastián Piñera quedará en un mal lugar en la historia de nuestra trayectoria republicana, el actual Congreso no tendrá un destino mejor. En el último tiempo, ambos poderes han hecho lo posible por dar la razón a las bajísimas cifras de aprobación. La última muestra por parte del Congreso es una nueva fase en la discusión de los retiros de fondos de pensiones, abierta esta vez por la propuesta del diputado Jorge Alessandri de rescatar el 100% de los recursos disponibles. ¿El argumento? Una consigna, por supuesto: “No son 30 pesos, son 30 años de ahorro los que nos quieren quitar”. Mi plata, mi decisión: quiero mi cuarto de libra ahora.

Con objetivos aparentemente contrapuestos, derecha e izquierda se han unido en el desmontaje del sistema previsional. Y lo han hecho apelando a una misma premisa: la propiedad individual de los fondos de pensiones. Aquellos que hoy en la oposición critican la medida, debieran recordar con más pudor que reivindicaron el mismo principio para justificar los primeros retiros: la plata es de uno. Al parecer, la expectativa ingenua era, mediante una “pedagogía lenta”, convencer a las personas de incorporar principios solidarios. Sin embargo, el argumento solo se ha radicalizado, y la lógica individualista es la que prima, en la ciudadanía y en el Parlamento, a la hora de pensar en la materia. Pero poco importa esto cuando la única inquietud relevante es asegurar votos en tiempos electorales. Otros representantes se harán cargo de las migajas, y los efectos los padecerán, como siempre, los más pobres. Quién iba a pensar que el apanicamiento de un lado y el maximalismo del otro quedarían así de enlazados. Nunca fue tan cierta la expresión de Nicanor Parra: la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas.

La mayor tragedia es que, entre tanto, no se avizora ninguna alternativa sustentable en términos financieros y políticamente viable para un nuevo sistema de pensiones. La preocupación de los congresistas es sumamente estrecha: el destino de los fondos aún disponibles y que de poco sirven para resolver las urgencias económicas de la gente. Así lo han confirmado los propios parlamentarios, que en la voz del senador Latorre han señalado que toda discusión mayor en la materia debe dejarse a la convención. Por lo visto, el Congreso se ha vuelto totalmente prescindible. Porque si no es su tarea pensar políticas públicas de largo plazo, ¿cuál es entonces su misión?

Es urgente situar la discusión previsional más allá del horizonte estrecho del rescate de los fondos y del lenguaje individualista que, inevitablemente, lo acompaña. La inestabilidad e incertidumbre sobre la propia trayectoria que está en la base del malestar ciudadano se relaciona directamente con esta materia y solo se ha agudizado tras los retiros aprobados. “¿Cómo lograré solventar mi vejez con los frutos de mi trabajo y sin precarizar a mi propia familia?”, sigue siendo la pregunta de fondo. Decir que es la convención la responsable única de resolver esa demanda es una mentira, y apoyarse en los fondos de las personas, un abuso imperdonable. Si el Congreso aspira a un mejor lugar en el juicio de la historia, deberá abandonar la excusa fácil y rentable del proceso constituyente, y abocarse a la tarea de aprobar políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. Tarea cotidiana, ardua y menos visible, pero indispensable para rehabilitar nuestras deterioradas instituciones democráticas.