Columna publicada el miércoles 25 de noviembre de 2020 por el diario de la Universidad de Chile. Todo gobierno quiere inmortalizar su legado, literalmente, en piedra. De ahí que abunden las inscripciones de qué presidente inauguró qué lugar y otros recuerdos semejantes. Esas obras son testimonio de lo que las autoridades municipales, regionales o nacionales quisieron destacar en su momento, un símbolo pétreo de lo que era importante en aquel entonces. Las estatuas y monumentos dicen mucho del país en que vivimos. Quizá el mejor ejemplo, que resume con cierta ironía nuestras dificultades actuales, sea el siguiente. El Palacio de La Moneda está flanqueado por dos plazas: la de la Constitución, remodelada en 1982 por Augusto Pinochet, y la de la Ciudadanía, proyecto iniciado y bautizado como tal por Ricardo Lagos. Y ahí, entre medio, estamos atrapados. Nos guste o no, la tensión entre ambas plazas sintetiza el momento político actual. De un lado, el andamiaje institucional diseñado primeramente por la dictadura, con sus sucesivas modificaciones, adiciones y giros, con su Constitución demonizada como origen de todos los males. La incapacidad del sistema político de la transición de resignificar el orden heredado, y darlo por obvio, hace que resuene la frase comúnmente atribuida a Miguel de Unamuno: las cosas por sabidas se callan, y por calladas, se olvidan. Yace ahí uno de los problemas fundamentales de la escena política, que presiona inevitablemente a nuestra política. No solo se puede atribuir a una campaña de defenestración de la izquierda. El propio Andrés Chadwick reconocía, inmediatamente después de la promulgación que, a pesar de las reformas de 2005, seguía siendo la Constitución de Pinochet. Del otro lado, pende la idea de ciudadanía, concepto más bien ajeno a nuestra jerga política, y adoptado de modo acrítico por la Concertación. La historiadora Sol Serrano, en su comentario al libro Nos fuimos quedando en silencio, destaca esta circunstancia y la pone en la base de la crisis de la centroizquierda. Serrano constata que, en esta acepción, “el ciudadano no requiere mediación, pues constituye una vanguardia que encarna la voluntad general”. Según la interpretación dominante en ciertos sectores, la ciudadanía no somos todos aquellos que poseemos derechos políticos, sino, a pesar de la amplitud del término, solo ciertos grupos. Cuando la ciudadanía es el único actor político digno de ser escuchado, toda la institucionalidad mediadora pierde sustento, legitimidad y sentido. El actor central en todo este embrollo –geográfica y simbólicamente– es La Moneda, ocupada hoy por un gobierno solitario, impreciso y que hizo del desconcierto una actitud permanente, un adormecimiento que impide cualquier intento de conducción política. En esta tenaza que constituyen ambos polos, se requiere un esfuerzo de mediación mucho más prolijo que lo que hemos visto. Sin embargo, sería miope pensar que la situación remite exclusivamente a Sebastián Piñera y su gabinete. Más bien, se trata de una incapacidad del sistema político para articular una respuesta que permita conciliar el orden institucional, en sus caras normativa y simbólica, con una ciudadanía difícil de asir, que no parece tener nada compartido. Como en el caso del Palacio de La Moneda, el esfuerzo político central de nuestra época será construir un espacio entremedio. Que, a pesar de todas las tensiones, haga posible un poder legítimo y operativo, lo contrario al bloqueo inconducente en el que nos encontramos hoy. Una buena articulación entre La Moneda, la constitución y la ciudadanía puede ser una clave de lectura para algunas soluciones; es en ese mismo entremedio problemático en que estamos hoy donde tenemos que intentar de encontrar las respuestas. A pesar de lo poco alentador del panorama, marcado por malones y pirotecnia legislativa, cabe alentar la pequeña esperanza, de que luego de todo el descalabro, emerja algo mejor.