Entrevista publicada el 19.01.20 en el diario El Centro de Talca. En octubre de 2020 se realizarán las primeras elecciones de gobernadores regionales. Es una propuesta que apunta a hacerse cargo de un problema que en Chile es de larga data: la excesiva centralización. Guillermo Pérez Ciudad, investigador del Instituto de Estudios Sociales, IES, analiza en “Descentralización y gobernadores regionales: 5 claves para el debate”, IES, 2020, las limitaciones que la ponen en riesgo. Guillermo, existen muchas expectativas respecto a las próximas elecciones de gobernadores regionales, ¿se podrán cumplir? “Desde un comienzo se planteó que estas reformas descentralizadoras permitirían a las regiones elegir a su máxima autoridad. Sin embargo, las leyes aprobadas contienen una serie de problemas que, de no solucionarse, impedirán a los gobernadores desarrollar una gestión relevante. Que se cumplan o no las expectativas de la ciudadanía, depende, en gran medida, de la disposición de los parlamentarios y el gobierno para resolver los puntos críticos de aquí al día de la elección”. ¿Cuáles serían esos puntos críticos? “Hay varios, pero me referiré a los dos que considero más relevantes. Primero, para que los gobernadores regionales puedan incidir en el desarrollo regional, deben contar con competencias, atribuciones y funciones suficientes. Por esta razón, la ley establece un mecanismo para que soliciten competencias al gobierno central. Ahora bien, ese mecanismo es muy discrecional y depende, en gran medida, de la voluntad del Ejecutivo. Para decirlo en simple, el gobierno de turno tendrá en sus manos la posibilidad de favorecer a los gobernadores regionales de su coalición y perjudicar a los opositores”. ¿Y el segundo punto crítico? “Está muy ligado al anterior. Si la relación entre el gobierno central y los regionales va a tener como trasfondo las disputas por mayores competencias y recursos, es lógico que exista un mecanismo de resolución de los conflictos que emerjan entre el Ejecutivo y los gobernadores regionales. Sin embargo, las reformas no dicen nada al respecto”. En el contexto actual, ¿eso podría tener consecuencias? “Por supuesto. Hay que considerar que los gobernadores regionales, sobre todo en los territorios más grandes, van a contar con una cantidad enorme de votos y, en principio, pocas competencias y recursos. Esto significa que tendrán mucho peso a nivel político, pero sin las herramientas administrativas ni presupuestarias para encauzar ese poder. Por lo tanto, es probable que los gobernadores justifiquen su gestión a través de la disputa constante con las autoridades centrales. Lo más complejo es que el incentivo de los gobernadores para aumentar los conflictos con el Ejecutivo es evidente: les dará visibilidad a nivel nacional sin grandes costos, pues siempre se podrá culpar al gobierno de turno de la mala distribución de las competencias y los recursos. En el contexto de la crisis actual esto es muy problemático. El proceso de regionalización puede terminar convertido en una instancia más de frustración de la ciudadanía frente a la política. Por lo mismo, urge resolver los puntos críticos de las reformas aprobadas”. ASIMETRIA DE PODER “Nuestro actual proceso de regionalización –que comprende, entre otros asuntos, la elección de una nueva autoridad y el traspaso de algunas competencias desde de los ministerios– ha estado marcado por las deficiencias y retrasos. La persistencia de estos problemas pareciera ser sintomática de una ausencia de voluntad política para abordar tanto las consecuencias negativas del centralismo como para perfeccionar las propuestas que se discuten actualmente”, precisa Pérez. En la publicación alude a que existe una asimetría de poder entre el delegado presidencial y los gobernadores regionales. “Así es. A pesar de que los gobernadores regionales dispondrán de una cantidad importante de votos, las funciones que cumplirán, en principio, serán bastante más limitadas que las del delegado presidencial. Te doy un ejemplo. El delegado presidencial coordinará, supervigilará y fiscalizará los ministerios y los servicios que operen en la región. El gobernador regional, en cambio, no tendrá una atribución correlativa: los servicios públicos bajo su dependencia solo podrán crearse a partir del año 2022 y su existencia obedecerá, en gran medida, a la voluntad del Ejecutivo de turno”. De acuerdo a lo que indica en su trabajo, la discusión en torno a la descentralización ha sido insuficiente. ¿Por qué? “Porque, por lo general, quienes defienden la descentralización suelen presentarla como si no implicara tensiones ni dificultades, como si estos procesos terminaran necesariamente con buenos resultados. Se trata de una aproximación reduccionista que conduce a creer que lo único relevante es sacar adelante las reformas, sin importar si se cumplen o no las condiciones para que sean beneficiosas. En otras palabras, la forma de justificar la descentralización también es determinante para su ejecución y desempeño. Eludir esa reflexión no es gratis, y puede llevarnos a aparentes soluciones que no lo son en realidad, tal como ocurre, en parte, con el actual proceso de regionalización”. ¿Qué considera imprescindible para que el proceso de descentralización llegue a buen puerto? “Primero que todo, hay que resolver los puntos críticos que indicaba al principio, especialmente lo referido a la creación de un mecanismo de resolución de conflictos que permita encauzar las disputas entre el gobierno central y los regionales. Segundo, necesitamos mayor claridad respecto al proyecto de ley de rentas regionales. Ese era uno de las propuestas más trascendentales de la Comisión de Descentralización, porque buscaba aumentar la disponibilidad de recursos de la autoridad electa. Hasta ahora no hay novedades en esta materia”. ¿Y en el largo plazo? “Hay que diseñar e implementar políticas públicas que nos permitan hacernos cargo de tres asuntos muy relevantes, que no suelen estar en los debates en torno a la descentralización: la corrupción a nivel local y regional, la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y los municipios y la coordinación entre los gobiernos subnacionales y el central. Habría sido ideal que a las reformas de los últimos años se hubieran agregado otras que permitieran enfrentar esos problemas que, al final del día, son muy graves y terminan perpetuando la dependencia de las regiones a la capital”. ¿Cómo cuáles? “Pienso en países como Francia, Italia o Canadá que, bajo recomendación de la OCDE, recurrieron a la suscripción de contratos entre el gobierno central y los regionales. A grandes rasgos, estos contratos son entendidos como marcos de acción que establecen compromisos generales entre las regiones y la capital. En su mayoría han logrado diversos beneficios, como, por ejemplo, mejorar las relaciones entre los distintos niveles de gobierno, clarificando las responsabilidades, manejando las interdependencias y transmitiendo capacidad institucional”. No todo se explica por el maltrato de la capital a las regiones. ¿Qué factores de las propias regiones han incidido para entrampar la descentralización? “Hay una tensión muy profunda al interior de las élites locales, tanto políticas como económicas. Ellas suelen insistir todo el tiempo en la retórica del maltrato capitalino como la única causa de los problemas regionales. Sin embargo, este discurso les hace olvidar su cuota de responsabilidad en la persistencia del centralismo. Las élites locales son cada vez menos conscientes de que la falta de capacidad de gestión, la corrupción o la escasa colaboración, por ejemplo, no solo son culpa de Santiago, sino que también se deben a dinámicas nocivas que ellos mismos van propiciando, como el clientelismo, los amiguismos y la relación excesivamente cercana entre políticos y empresarios”. ¿Qué se requiere para que nuestro proceso de regionalización tenga éxito? “Para que nuestro proceso de regionalización tenga éxito, urge que las autoridades, los empresarios y la sociedad civil de las regiones y comunas modifiquen sus prácticas. A grandes rasgos, esto significa dejar a un lado la crítica permanente a Santiago y asumir un rol más activo en la solución de los problemas de los territorios”.