Columna publicada el viernes 21 de agosto de 2020 por La Tercera. El poder ejecutivo tiene, más que cualquier otro, las herramientas para enfrentar el presente. Los parlamentarios, por ejemplo, están llamados a operar principalmente sobre la base de la deliberación, la persuasión y la reflexión pausada. Del Presidente de la República se espera, en cambio, que decida ante situaciones imprevistas, que suceden aquí y ahora. Que gobierne el hoy, con los elementos de que dispone en el momento. En efecto, la constitución y las leyes lo dotan de las facultades y herramientas para decidir y actuar en aquellos casos que ninguna ley había previsto o para las cuales nadie había dado una solución. Las normas fijan un límite y establecen un campo de acción dentro del cual la autoridad está obligada a moverse, y cuyo marco no puede evadirse. Pero siempre serán insuficientes para enfrentar la siempre cambiante realidad: no hay ley ni precedente capaz de captar a cabalidad las particularidades del momento presente. Por eso, el Jefe de Gobierno cuenta con los instrumentos que le permiten enfrentar tales situaciones. El Presidente, entonces, goza de cierta discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades. Desde luego, ella exige obedecer los dictados de la prudencia, virtud política por excelencia. No se trata de hacer y deshacer al arbitrio de quien detente el poder, sino de observar la realidad y actuar bien en el caso concreto. Debe considerar tanto el fin que se persigue, como los medios para alcanzarlo y los resultados de una acción determinada. En ese sentido, el ejecutivo juega un rol crucial en el futuro del plebiscito. Los acuerdos, las mesas técnicas y los asesores cumplen, sin duda, un papel fundamental; pero la última palabra la tiene el mandatario. Esto incluye, por ejemplo, ser capaz de coordinar a las distintas fuerzas políticas. Su responsabilidad no se agota en asegurar la salud de la población, sino que también incluye la participación y legitimidad del plebiscito. No es menor lo que está en juego. El objetivo inicial del cambio constitucional era asegurar un proceso participativo, ¿qué pasará si es que ese objetivo no se cumple? El gobierno, que dio el puntapié inicial para someternos a este proceso, debe estar a la altura de las circunstancias. Prolongar o no el Estado de Catástrofe, la posibilidad de mantener el toque de queda y las medidas sanitarias son discusiones de primera importancia, y el gobierno debe ser capaz de dar respuestas oportunas y suficientes a todas ellas (incluyendo la posibilidad de prorrogar el plebiscito), pues la ley siempre se quedará corta. El escenario puede ir cambiando y habrá decisiones que se deberán tomar sobre la marcha, pero puede ser útil, por ejemplo, establecer una serie de parámetros claros y fijados con anticipación que permitan actuar de una u otra manera según las eventualidades, y así no llenar el proceso de más incertidumbres. Más allá de su decisión por la “prescindencia”, el primer llamado a decidir sobre el futuro del plebiscito es el gobierno. Sebastián Piñera es la autoridad que debe tomar en tiempo real las decisiones que el momento exige. Nadie anticipó la pandemia ni su larga duración, pero ante la sorpresa del presente, los ojos se dirigen a quien está llamado a gobernarlo. Esperemos que tenga la claridad suficiente para tomar decisiones con genuina generosidad y visión de Estado.