Columna publicada el 13.01.20 en The Clinic. A pesar de que en nuestro país la desigualdad está marcada por un fuerte componente territorial, la agenda regional ha tenido poco espacio durante la crisis. El silencio respecto a las dificultades de las reformas descentralizadoras refleja, en parte, una falta de voluntad con los problemas territoriales que se ha acentuado con el estallido social y su prioridad constitucional. Al parecer, nuestra clase política aún no es consciente de que un proceso de regionalización problemático puede frustrar (todavía más) a la ciudadanía. En un comienzo, el objetivo principal del proceso era democratizar al gobierno regional, permitiendo a los ciudadanos de regiones votar por su máxima autoridad. Sin embargo, la legislación aprobada quedó bastante lejos de cumplirlo. El gobernador regional no contará con atribuciones suficientes, ni tampoco existe total claridad respecto a los recursos que podrá utilizar, pues la ley de rentas regionales, otro de los proyectos emblemáticos del proceso de descentralización iniciado por la presidenta Bachelet, todavía no inicia su trámite legislativo. A estos problemas, que podríamos llamar estructurales, se suman otros de carácter procedimental que complejizan aún más la situación. Si consideramos el persistente bloqueo entre el oficialismo y la oposición, los 10 meses que restan para la elección es muy poco tiempo para solucionarlos. Por tanto, se vuelve trascendental resolver los más graves y urgentes. En un informe que publicamos la semana pasada en el IES, desarrollamos en extenso esas dificultades y concluimos que son dos las que apremian. La primera tiene relación con las funciones de la nueva autoridad electa. Como es muy difícil determinar a priori qué atribuciones deben ejercer los gobernadores regionales, la ley consagra un procedimiento que les permite solicitar al Ejecutivo el traspaso de algunas competencias en fomento productivo, desarrollo social y cultural y ordenamiento territorial. Sin embargo, este procedimiento es muy parcial y depende principalmente de la voluntad del Presidente de turno. De esta forma, el gobierno central tendrá en sus manos un instrumento que le permitirá beneficiar a los gobernadores regionales de su coalición y perjudicar a los opositores. La segunda dificultad, en línea con la anterior, tiene que ver con los potenciales conflictos entre los gobernadores y el Ejecutivo. Para ser electos en primera vuelta, las nuevas autoridades deben obtener el 40% de los votos de una región. Por tanto, su capital político será mayor que el de cualquier otra autoridad, especialmente en las regiones más grandes. Sin embargo, en principio no contarán con los recursos y atribuciones que les permitan reflejar ese respaldo en obras concretas. Es probable, entonces, que la relación entre los gobernadores y el Ejecutivo esté marcada por disputas en torno a obtener mayores competencias y presupuesto. Así, el conflicto con el gobierno central se puede transformar en una herramienta permanente de la nueva autoridad electa, ya sea para intentar cumplir con sus promesas de campaña, obtener visibilidad a nivel nacional e, incluso, desprestigiar al Presidente de turno. Los costos para el gobernador serán prácticamente nulos, pues la parcialidad del procedimiento de traspaso de competencias permitirá culpar siempre al gobierno central por la distribución desigual entre regiones. Así las cosas, sería lógico que la ley estableciera un mecanismo de resolución para los conflictos que emerjan entre el Ejecutivo y los gobernadores regionales. Sin embargo, las reformas no señalan nada al respecto. En el contexto actual, estos asuntos sin resolver se vuelven extremadamente riesgosos. Aunque varios de los que están hoy en el Congreso y el gobierno aprobaron las reformas descentralizadoras hace pocos años, nadie parece tomarle el peso a la magnitud de sus problemas. Si en un tiempo más se desata la tormenta, no podrán decir que no la vieron venir.