Luego de algunas apariciones televisivas y de una entrevista publicada en este medio, no fueron pocos los que se escandalizaron con las afirmaciones de Fernando Atria y su comprensión del “problema constitucional”. En ello colaboró que esa entrevista se titulara “El problema constitucional tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”, y probablemente el propio Atria hoy crea que esa frase fue desafortunada, porque los argumentos suelen simplificarse y, por lo mismo, hay que tomar ciertos resguardos al momento de pasar a la esfera pública.

Sin embargo, para debatir de verdad no es suficiente leer un par de líneas, en especial teniendo presente que la discusión ha continuado. Si nos quedamos únicamente en las cuñas, no sólo caemos en desfiguraciones que nos impiden rescatar ideas plausibles, sino que además eliminamos de raíz toda posibilidad de refutar opiniones o propuestas que sí pueden ser puestas en tela de juicio de manera seria y razonada. Precisamente ambos fenómenos se han dado con los planteamientos constitucionales de Fernando Atria.

En relación con lo primero, un análisis honesto permite constatar que, pese al barullo provocado, el académico de la Universidad Adolfo Ibañez dista de reivindicar la lucha armada o algo por el estilo. Más aún, su reflexión ofrece ciertas ideas difícilmente cuestionables, por ejemplo, que las instituciones políticas no sobreviven por arte de magia, motivo por el que no podemos quedarnos impávidos ante su baja credibilidad; y también otras consideraciones que resultan al menos llamativas, como su reconocimiento de que la legitimidad de la Constitución es un asunto complejo, que no se agota exclusivamente en el juicio que se tenga respecto del plebiscito de 1980.

En consecuencia, quienes deseen refutar a Atria no pueden quedarse en fantasmas argumentales, sino que deben apuntar al núcleo central de su argumento. Citándolo textualmente, ese núcleo podría resumirse en las siguientes ideas, reiteradas en varias oportunidades: “El problema de la asamblea constituyente es que no puede haber un procedimiento dado de antemano, porque si lo hay, entonces la decisión va a estar vinculada a cuáles sean las condiciones de ese procedimiento”; “El problema es queremos una Constitución que no esté atada a todas estas facticidades ya existentes, que se libere de todas esas trabas y que sea una nueva decisión”; “El punto no es la asamblea constituyente como una nueva demanda, el punto es una nueva Constitución”.

Es esa tesis de Fernando Atria, que sirve de premisa a sus demás planteamientos, lo que cabe poner en duda. ¿Por qué sería una exigencia de justicia “partir de cero” constitucionalmente hablando? Un somero análisis de la teoría constitucional muestra que el asunto no es claro. Por ejemplo, en su libro “Justicia Constitucional. Teoría y Práctica en el Derecho Chileno y Comparado”, Patricio Zapata afirma que no podemos olvidar la continuidad entre quienes integran una determinada comunidad política a lo largo del tiempo. Por ello piensa, a propósito del rol del pueblo en la legitimidad de la justicia constitucional, que debe ser rescatada la idea del precompromiso o dualismo democrático, formulada por Jon Elster en 1979, y que básicamente recuerda que la ciudadanía puede asegurar la perdurabilidad de sus decisiones más importantes.

Es pertinente recordar estas reflexiones ante la propuesta de Atria. Es obvio que en un régimen de autogobierno se intenten modificar las reglas del juego, pero como dice Zapata, también es importante comprender que toda democracia se da en el marco de una comunidad, que no nace ni muere con cada nuevo gobernante. El efecto lógico de esto es que, salvo injusticias manifiestas, respetemos las decisiones constitucionales de nuestros antepasados, en la medida que no las hayamos alterado a través de las vías ofrecidas por la institucionalidad vigente.

En el caso de la Constitución chilena, esas decisiones incluyen, entre otras, más de 30 años de vigencia, el plebiscito de 1989, cientos de reformas constitucionales, e incluso la firma del entonces Presidente Ricardo Lagos en el texto refundido de la Constitución que nos rige desde el año 2005. Así como nada de esto impide pensar en nuevas reformas, la historia reciente muestra que efectivamente existe una continuidad político-institucional y, por lo mismo, por qué no resultan obvias ni la conveniencia, ni la necesidad ni en último término la legitimidad de pretender volver a fojas cero en el ámbito constitucional.

Por lo demás, tiene mucho de sentido común reconocer que las sociedades, en sus distintas aristas, se van forjando a través del tiempo. Sin ir más lejos, fue la propia Michelle Bachelet, en cuya comisión constitucional participa Atria, quien recordó la misma idea hace algunos días. A propósito del discurso presidencial del 21 de mayo, la candidata PS-PPD criticaba “la tentación de creer que el país comenzó el 2010”, pues “cada país se construye paso a paso”. Quizás podrían dialogar al respecto la ex Presidenta y el miembro más mediático de su comisión asesora en materia constitucional.