Carta publicada el martes 22 de diciembre de 2020 por El Mercurio. Señor Director: Muchos liberales de izquierda y derecha parecen receptivos al argumento de que legalizar el suicidio asistido (o “eutanasia”) conlleva el riesgo de que algunas personas opten por él por presión económica o social, y no por una decisión libre. Si esto es así, lo correcto y lo prioritario sería tratar de evaluar y despejar, en lo posible, los factores de precariedad material y abandono en la tercera y cuarta edad. La evaluación de dichos factores, si repasamos las investigaciones realizadas en nuestro país, nos pone frente a una situación brutal: apoyar a sus miembros mayores en el tramo final de su vida es una carga que la mayoría de las familias hoy difícilmente puede soportar. Y las tasas de depresión y suicidio entre adultos mayores suben año a año. Alivianar mediante incentivos tributarios y apoyos directos a las familias que se hacen cargo de sus adultos mayores, además de redoblar el apoyo a las instituciones de la sociedad civil que replican esa función —como la Fundación Las Rosas y el Hogar de Cristo—, parece, entonces, un requisito previo a cualquier debate serio sobre el suicidio asistido liberal. Ignorarlo equivale a disfrazar de decisión libre la desesperación económica y el abandono, y pocas cosas hay más crueles. Aunque sea teóricamente molesto para algunos, la libertad de los individuos depende de la fortaleza de sus familias y de la sociedad civil. Los sujetos atomizados y dispersos son fáciles animales de presa del poder económico y político.