Uno de los temas fundamentales del debate público en este año de campañas y elecciones presidenciales debiera ser el papel que cumple el Estado respecto a la familia. En este sentido conviene recordar el fundamento de esta relación.

Un primer principio que debe quedar claro responde a la pregunta sobre cuál es el interés del Estado en la familia. La familia representa un bien público que debe ser protegido: es en esta institución donde se transmite la vida de cada ser humano, donde el individuo es valorado por sí mismo como único e insustituible, y donde se difunden los valores que dan sentido a la propia existencia y permiten la vida en sociedad. La familia es también el principal centro de educación y transmisión de la cultura, la primera unidad económica y de protección social.

Esto implica que la promoción del bien común, función del Estado, exige promover un ambiente familiar favorable. Reconocer que existe un “ideal” de familia que por sus características es la que mejor responde a las necesidades y al bienestar físico, emocional, económico y social de todos los individuos que la componen, y por tanto de la sociedad entera. En otras palabras, la estructura familiar sí importa. Está demostrado que es en aquella fundada en el matrimonio heterosexual y monógamo, donde los cónyuges se complementan y apoyan mutuamente, y que permite que los niños nazcan de la unión integral, corporal y afectiva de sus padres, y sean criados en el mismo espacio, donde mejor se vela por sus intereses.

El “Estudio de las Nuevas Estructuras Familiares” o “New Family Structural Studies” (NFSS) dirigido por la Universidad de Texas y basado en una amplísima investigación, presenta cifras concluyentes al respecto. Por ejemplo, en términos de nivel de educación alcanzado, los niños pertenecientes a una familia intacta presentan niveles más altos (3.19 en una escala del 1 al 5) que aquellos de padres divorciados (2.88), padres homosexuales (2.39) y padres solteros (2.66). Así también, la presencia de ambos padres biológicos representa un factor protector en conductas de riesgo en los hijos, como en el consumo de marihuana, donde la frecuencia en el uso es de 1.32 (en una escala del 1 al 6) en el caso de una familia intacta, 2.0 en caso de padres divorciados, 1.72 en padres con relaciones homosexuales y 1.73 con padres solteros.

Indudablemente esto no quiere decir que el Estado, a través de diversas políticas asistenciales que son urgentes y necesarias, no deba apoyar a las familias que no cumplen estos requisitos y que se enfrentan a todo tipo de dificultades. Ambas misiones no son excluyentes entre sí. El punto es que hay buenas razones para ayudar a familias vulnerables, y para apoyar y no castigar a organizaciones familiares estructuradas de la forma que los estudios señalan como la típicamente más apta. Esto de ningún modo supone una discriminación arbitraria. Apoyar a las madres jefas de hogar es absolutamente justificado, pero esto no impide que se incentive además a la familias constituidas bajo el régimen matrimonial a través, por ejemplo, de reformas tributarias que las beneficien. Sin embargo, a veces parece seguirse sólo las primeras razones, en perjuicio de las segundas. Hoy en Chile, por ejemplo, para optar a un subsidio habitacional en el caso de una pareja que convive, cada uno de ellos puede postular a este beneficio por separado, pudiendo obtener ambos el subsidio; mientras que en el caso de una pareja casada, éstos sólo pueden postular como grupo familiar, lo que obviamente los perjudica pues limita sus posibilidades de conseguirlo.

Optar por la familia en el ámbito público hoy en día pasa por establecer medidas de orden político, jurídico, económico y cultural que la promuevan efectivamente a través de la estabilidad conyugal, el aumento de las tasas de natalidad, la conciliación entre la vida familiar y laboral, el acceso a un ingreso ético, entre otros.

Por último, una de las grandes deficiencias en materia de políticas públicas en torno a la familia actualmente, está en su carácter sectorial. Es decir, en no considerar a la familia como un todo y preocuparse aisladamente de los individuos que la componen y de algunos problemas concretos. Sin una perspectiva familiar integral que vaya dirigida al origen del problema y que tenga en cuenta las repercusiones de una determinada medida en el resto de sus miembros, se produce una fragmentación en la acción del Estado que le resta eficacia. Es fundamental la coordinación de los distintos organismos públicos como el SENAME, INJUV, SERNAM, enfocados a sujetos concretos, pero donde la “perspectiva de familia” debiera ser el principio rector que oriente sus determinadas políticas.

Es urgente que tomemos conciencia que el debilitamiento de la familia experimentada en los últimos años y que se ha reflejado en el aumento de la tasa de divorcio a 3,0 – una de las más altas a nivel mundial-, y en la disminución de la natalidad a 1,9; es un hecho socialmente grave que compromete el futuro de nuestro país. Proteger, fortalecer y promover la institución familiar para que esta pueda cumplir su misión, debe ser uno de los ejes que guíen los esfuerzos de cualquier administración.