Carta publicada el sábado 26 de diciembre de 2020 por El Mercurio. Agradezco la réplica del profesor Antonio Bascuñán, en especial porque acepta que el rechazo a la eutanasia se funda en la prohibición de matar, y no simplemente en el deber de vivir. Es efectivo, tal como advierte Bascuñán, que desde el punto de vista moral, esa prohibición pugna con toda destrucción deliberada e intencional de la vida humana inocente. Por lo demás, el ordenamiento jurídico acepta este criterio cuando castiga el auxilio al suicidio (¿por qué sancionarlo, si no?). Bascuñán se apresura, en cambio, al descartar la distinción entre matar y dejar morir, experimentada a diario por la práctica médica. Por un lado, dicha distinción es fundamental para evitar el ensañamiento terapéutico y, por otro, al abrir la puerta para que una persona sea forzada a morir, decrece su esfera de protección vital —un asunto central para la tradición liberal—. En ese sentido, ningún caso trágico y de extraordinaria ocurrencia justifica una ley que amenaza con degradar la vida de los más ancianos o enfermos. Desde luego, serán los lectores quienes juzgarán cuál aproximación a este debate es más solidaria o liberal. Con todo, una ley que afecte a personas vulnerables con la presión de una aparente salida más fácil o expedita, obligando además a ciertos terceros a desempeñar el papel de verdugos, siempre enfrentará severas dificultades para merecer esos calificativos.