Carta publicada el jueves 2 de septiembre de 2021 por El Mercurio. Señor Director: En su columna de ayer, Ennio Vivaldi y un grupo de profesores de la “Plataforma UChile Constituyente” señalan que “el Estado no tiene la responsabilidad ni el deber de financiar proyectos educativos privados”. Esta afirmación es muy problemática. Si el Estado no apoya a las familias que eligen la educación particular, para muchos padres sería sencillamente inviable educar a sus hijos conforme su visión de mundo. Además, conviene recordar que buena parte de los recursos fiscales se originan en impuestos pagados por los propios ciudadanos: el financiamiento estatal no surge de la nada. Detrás de todo esto hay una curiosa contradicción entre los planteamientos de los profesores firmantes. En efecto, la participación y el pluralismo que ellos invocan quedan truncos si la sociedad civil organizada no cuenta con los medios para desplegar sus proyectos educativos. Son esos proyectos los que garantizan la diversidad del sistema. El telón de fondo de estos equívocos es la confusión entre lo público y lo estatal. Si el Estado no tiene el papel de promover y fomentar aquello que las personas buscan poner en marcha, ¿cuál es su función? ¿No se debe acaso a la sociedad sobre la cual interviene? Según como respondamos estas preguntas favoreceremos un aparato estatal al servicio de las personas, o bien uno que desconozca e incluso arrase con las comunidades, los territorios y todo aquello que hoy se escribe con la mano, pero —paradójicamente— se borra con el codo.