Columna publicada el lunes 19 de abril de 2021 por La Segunda. En medio de la trágica crisis política, sanitaria y económica, la noticia más auspiciosa es la notable efectividad de Coronavac. Sólo un tercio de los inmunizados con este fármaco desarrolla síntomas por coronavirus, y la posibilidad de enfermarse grave o morir disminuye significativamente. Ahí reside nuestra principal esperanza, y si nuestro país cuenta con ella, es en gran medida gracias a la colaboración entre la Universidad Católica y Sinovac, cuyos derechos de suministro fueron transferidos al Estado chileno. El dato es importante, pues en los últimos años muchas voces embriagadas de un laicismo arcaico, de un franco anti-pluralismo, o de lo que sea, han querido negar el rol público de entidades como la UC. La lógica es siempre igual: si esta casa de estudios pretende participar del espacio público, debe renunciar a su ideario, y si quiere mantenerse fiel a su identidad, que se recluya en sus cuatro paredes. ¿Exageración? “Vivimos en un Estado laico, y a veces se nos olvida”, decía el precandidato presidencial Alberto Mayol, cuando la UC rechazó una performance de orgasmo colectivo en sus instalaciones (para lo cual, ciertamente, no se requiere ser creyente). Poco a poco habría que ir cortando los fondos públicos a la UC, sugirió Naschla Aburman, entonces presidenta de la FEUC por el NAU. “No me cabe en la cabeza que les demos plata como Estado a colegios confesionales y a una universidad donde el rector lo elige el Vaticano”, afirmó el comunicador radial Freddy Stock. Este panorama se agudizó ante la decisión de la UC y de otros centros médicos en orden a continuar defendiendo la vida del niño o niña por nacer. “Tiene todo el derecho a estar contra el aborto, pero que no pida recursos públicos para la PUC”, sentenció el diputado Gabriel Boric, criticando al rector Ignacio Sánchez. La actitud del rector era “violenta e inaceptable para institución que recibe $ público”, tuiteaba el diputado Giorgio Jackson. “Estaba pensando pasar ahora por la clínica de la católica a preguntarle al edificio si tiene alguna objeción”, decía Osvaldo Andrade, entonces presidente del PS. “En cuanto a la defensa de la objeción de conciencia institucional, ella es un total contrasentido”, escribió Agustín Squella. Y así, suma y sigue. Es, sin embargo, esa misma institución la que, participando de la red pública de salud sin renunciar a su identidad, sino más bien movida por ella —por su compromiso con los más vulnerables—, ha permitido avanzar en la vacunación. Guste o no, este proceso se explica por la cooperación de varios actores, con y sin fines de lucro, estatales y particulares, nacionales y foráneos. Este es el sentido de lo público: lo de todos, incluidos los creyentes y las instituciones con ideario.