A inicios de mayo comenzó oficialmente la campaña de las primarias de Chile Vamos. En este contexto, los equipos programáticos de cada candidato han dedicado las últimas semanas a explicitar y difundir sus diagnósticos y principales propuestas. Especialmente mediático fue el lanzamiento de las bases del programa de Sebastián Piñera, cuya motivación principal, al menos en términos explícitos, pareciera ser la recuperación de una “democracia de los acuerdos” que permita avanzar hacia un Chile más justo y —algo nuevo en su propuesta— solidario.

Desde esa premisa, llama la atención el énfasis de uno de los cinco pilares que orientarán la acción de un eventual segundo Gobierno de Piñera. “Hacer de Chile un país más seguro” se articula nada menos que como el segundo eje de su programa, recogiendo lo que en gran parte de las encuestas aparece como una de las preocupaciones más compartidas por la ciudadanía. Sin embargo, la línea de trabajo se muestra particularmente miope.

Basadas en la necesidad de una “política de Estado” centrada en la seguridad, las áreas de acción especificadas se dirigen exclusivamente a una modernización y reforzamiento del aparato punitivo del Estado: reestructuración administrativa para mejorar la gestión, perfeccionamiento en la formación de policías, creación de nuevas unidades operativas, entre otros; con el objetivo de establecer una nueva institucionalidad policial. Tales medidas pueden ser un aporte relevante, considerando además los graves problemas que se han develado al interior de Carabineros en los últimos meses. Pero como bien se sabe, por sí solas no alcanzan a articular una verdadera política de Estado capaz de responder a la complejidad del fenómeno que se está abordando.

Así, la propuesta del equipo de Piñera en el ámbito de la seguridad es insuficiente. Esto tiene que ver, en parte, con la mirada que ha tendido a predominar —sobre todo en la derecha política— a la hora de explicar la delincuencia. La reflexión sobre las causas es casi inexistente, o al menos no ha logrado ser lo suficientemente potente ⎼o convincente⎼ como para tener un mayor protagonismo al momento de formular las propuestas.

Como bien señaló Pilar Larroulet en Los Invisibles (IES 2016) ⎼haciéndose eco de lo que es ya una amplia y consolidada literatura sobre el tema⎼, existe una clara correlación entre pobreza y delito, dato que obliga a preguntarse por los contextos sociales en los que el crimen tiene lugar. Quizás el ejemplo más crudo y decidor de esa relación sea la cifra conocida recientemente, donde casi un 50% de la población penal del país ha pasado por centros del Sename, explicitando un circuito de marginalidad y exclusión especialmente problemático. Tener conciencia de esto, exige formular políticas de Estado donde el castigo sea sólo el brazo final de un sistema orientado a la prevención, intervención y reinserción de quienes justamente son vulnerables al delito. Y que, en su mayoría, lo son debido a su pertenencia a mundos de marginalidad donde la institucionalidad punitiva no logra introducir ninguna diferencia.

La justicia y la solidaridad constituyen principios para guiar la acción política. Y ponerlos en la base de un programa, como ha hecho Piñera, requiere que estén implicados en cada ámbito que se quiere abordar. La delincuencia, sin embargo, se ha explicitado apenas como un problema de “seguridad”, cuando es quizás ese fenómeno uno de los que más reclama en el Chile de hoy la acción de tales principios. Es de esperar, entonces, que el camino recién iniciado por el equipo del ex Presidente en esta campaña permita ir enriqueciendo y complejizando sus propuestas, de manera que el “Chile más justo y solidario” que se propone, se construya ofreciendo soluciones y caminos para todos.

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