Columna publicada el 21 de agosto de 2023 en La Segunda. La campaña “Chile vota en contra”, lanzada por Hugo Gutiérrez (PC), Luis Messina (No+AFP) y otras voces de izquierda, tiene el mérito de sincerar la desafección de ese mundo respecto del proceso constitucional en curso; y dicha desafección no se reduce a la ultra. En La Tercera del viernes, Carlos Ominami planteó una serie de “líneas rojas” para el oficialismo, desde los “derechos reproductivos” hasta “el agua como bien público”. De no ser acogidas, Ominami ya fijó su apuesta: intentar “derrotar en las urnas” el texto que será plebiscitado en diciembre. Desde luego, lo anterior no resulta demasiado minimalista ni “habilitante”. Por lo mismo, la tentación natural de las derechas sería limitarse a recordar que una apuesta muy similar a la de Ominami ya fue aplastada en las urnas, primero el 4 de septiembre —en todas las regiones, en el 98% de las comunas, en el mundo rural, mapuche y popular—; y después el 7 de mayo. Todo esto es verdad. Y también lo es que la mirada de la oposición ahora goza del beneplácito ciudadano en temas sensibles y prioritarios. Así ocurre, por ejemplo, en seguridad, migración, propiedad de fondos de pensiones y un “Estado sin pitutos”. Sin embargo, nada de esto debería llevar a las derechas a tirar el mantel. Ciertamente un texto que contradiga el sentir popular tiene escasas posibilidades de éxito —la izquierda deberá ceder mucho—, pero el riesgo es igual o mayor si la propuesta termina siendo percibida como perteneciente a un solo sector. De hecho, la gran virtud del Rechazo fue exhibir una transversalidad inédita en el Chile posdictadura. Ella se proyectaba desde la clase política hasta las redes sociales, pasando por un amplio elenco de académicos y actores que se desplegaron por la opción triunfadora. Hoy debe existir una transversalidad semejante. No sólo para huir de las dañinas borracheras electorales que, desde Bachelet II, se han vuelto en contra de quienes se obnubilan luego de imponerse en los sufragios. Tampoco se trata sólo de evitar un plebiscito en torno a la derecha —en torno a JAK—, de resultado dudoso. De lo que se trata, ante todo, es de aprovechar una oportunidad única para cerrar el persistente problema constitucional. Y esto, tal como muestra la experiencia internacional y criolla, exige un acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Sin ir más lejos, fue la falta de ese consenso acerca de la ley fundamental lo que comenzó a constitucionalizar nuestro debate, en la campaña presidencial de 2009 (y Eduardo Frei Ruiz-Tagle no era precisamente un líder extremo). No hay alternativa. Si queremos promover la estabilidad y que el voto “A favor” gane en diciembre, esta deberá ser al mismo tiempo la constitución de la seguridad y del Estado social.