Columna publicada el martes 15 de diciembre de 2020 por El Líbero. La semana pasada un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto de ley que propone un indulto para todos los imputados y condenados por delitos en protestas sociales cometidos desde octubre del 2019 en adelante. Entre los hechos más graves que se buscaría indultar están el homicidio frustrado, el incendio con resultado de muerte y una serie de otros delitos en contra de la autoridad y del orden público, donde se incluye, por ejemplo, dificultar o impedir el trabajo de Bomberos. Esta y otras iniciativas intentan darle al estallido social la épica de una rebelión legítima en contra de un Ejecutivo dictatorial y opresor. De esta dinámica surgen no solo los discursos que insisten en la idea de los presos políticos de la revuelta, sino también aquellos que califican al gobierno como la dictadura de Piñera –comparando al debilitado Presidente con Hitler y Pinochet– o defienden una versión muy distorsionada de la desobediencia civil. Esta retórica, que en ocasiones roza el delirio, es enarbolada por los mismos personajes que al calor de octubre y sin prueba alguna aseguraron públicamente que existían centros de tortura en el metro Baquedano, crucifixiones en estaciones policiales y una policía política al estilo de la DINA. Nada de esto busca matizar o contextualizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante nuestra crisis social. Es justamente por respeto a las verdaderas víctimas de esa violencia estatal que importa ajustar los discursos a los hechos y ocupar los conceptos de forma rigurosa. Si todo lo que ocurre es calificado de violencia, si toda manifestación de autoridad se considera dictatorial, si todos son sindicados como víctimas, esas categorías dejan de ser útiles y la realidad se vuelve irreconocible. Tildar de presos políticos a delincuentes comunes que destruyen el espacio público es parte de ese mismo problema. Que los procesos judiciales demoren demasiado tiempo o que se abuse de la prisión preventiva no significa que los detenidos sean presos políticos. Dicho de otro modo, una cosa son los problemas del sistema procesal penal y otra muy distinta es estar detenido en razón de las propias convicciones. De hecho, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, la misma organización que hace poco más de un año publicó un durísimo informe en contra de la violencia estatal, señaló en una entrevista que no creía que en Chile existieran presos políticos, pues ellos “son esencialmente presos de consciencia; personas que son perseguidas por sus ideas, por sus opiniones…”. Aunque con ciertos matices, los senadores de oposición Harboe e Insulza y el defensor nacional Andrés Mahnke, entre otros, han sostenido una posición similar a la de Vivanco. El gobierno tampoco se quedó atrás y como era de esperar salió en bloque a rechazar el proyecto. Sin embargo, desde La Moneda ha faltado conducción y una vez más no se logró articular otra cosa que la pura negación. Qué distinto sería si en vez de asumir esa actitud se reconociera el problema de las eternas prisiones preventivas, se le pusiera números que indicaran qué tiene que ver con el estallido y qué no, y se comunicara de modo apto. Por último, algunas de las razones esgrimidas para proponer indultos a estos supuestos presos políticos son su situación de vulnerabilidad y un contexto de violaciones a los derechos humanos que impediría las conductas socialmente adecuadas. Pero ninguno de estos argumentos es suficiente. Creer que el mecanismo para incorporar a nuestra sociedad a los marginados es saltándonos las reglas más básicas de convivencia es totalmente contradictorio y responde a un buenismo que ve en los pobres pura carencia y los percibe como seres totalmente alienados por el sistema, como perritos de Pavlov incapaces de tomar decisiones y responder por ellas. ¿Cómo mantener la paz en una sociedad donde las condiciones socioeconómicas justifican homicidios frustrados o incendios con resultados de muerte? ¿Es posible fundar un nuevo pacto social si quienes delinquen no responden por sus actos? ¿Qué les decimos a las familias, los comerciantes y los barrios que vienen sufriendo desde hace tiempo las consecuencias de estos hechos? La violencia vuelve imposible la vida común. Y lo que están haciendo quienes proponen estos perdonazos es justificarla. Nada bueno puede surgir de ahí.