Columna publicada el 05.11.19 en The Clinic.

La idea de que nuestra crisis solo puede resolverse a gran escala no nos puede hacer olvidar los factores locales que inciden en ella. Los conflictos entre las élites políticas y la ciudadanía no responden solo a problemas con el gobierno central, sino también a la distancia con las autoridades que en los territorios encarnan al Estado, como alcaldes, concejales y seremis. 

Por lo mismo, la elección de gobernadores regionales del próximo año se vuelve un desafío de primer orden. Si hasta hace unas semanas se afirmaba con resignación que la irrupción de esta nueva autoridad sería un rotundo fracaso, el nuevo escenario obliga a nuestra clase política a resolver con premura las tensiones de los proyectos de ley aprobados.

En este sentido, la nueva autoridad no parece contar con todas las competencias y recursos para realizar una gestión relevante. Si bien el gobernador regional operará sobre un amplio marco de acción –fomento productivo, desarrollo social y cultural y ordenamiento territorial–, la ley no le otorga todas las acciones específicas para materializar dicha amplitud. Además, tampoco contará con los recursos suficientes: a casi un año de la elección aún no hay noticias del proyecto que vendría a fortalecer sus presupuestos. 

Por otro lado, la legislación recientemente aprobada permite que el gobernador regional pueda solicitar competencias al Presidente de la República. Sin embargo, el mecanismo para decidir el traspaso de competencias hacia las regiones es bastante discrecional y depende, en gran medida, de la voluntad del Ejecutivo. En un escenario de arbitrariedad –y sin atribuciones ni recursos suficientes– se corre el riesgo de que los gobernadores sustenten su acción política en aumentar las disputas con el Presidente. Así, la ley indirectamente alienta a que los candidatos a gobernador prometan cosas imposibles, pues siempre se podrá culpar a la distribución discrecional realizada por la autoridad central.

Si la nueva estructura aumenta los riesgos de conflictos entre el gobierno central y los gobiernos regionales, es deseable que a lo menos existan herramientas institucionales para encauzarlos y resolverlos. Sin embargo, la nueva ley no consagra un mecanismo para solucionar estos problemas. Considerando el escenario actual, es inconcebible que comience a operar un proceso que no se hace cargo de las tensiones que provoca. Por tanto, urge dotar a alguna autoridad –el Tribunal Constitucional o la Contraloría, por ejemplo– de las atribuciones para actuar como mediadores en disputas de este tipo.     

Ahora bien, nuestra reflexión en torno a la elección de gobernadores regionales no puede agotarse solo en soluciones técnicas. Las tensiones que rodean el proceso debieran conducirnos a debates más profundos, que dicen relación con la forma en que las dinámicas de los territorios se intersectan con el conflicto social que vivimos actualmente. Si la magnitud de nuestra crisis exige pensar en alternativas para recomponer el vínculo entre política y sociedad, una de ellas podría ser la revalorización de los asuntos locales, sobre todo si el excesivo centralismo es una demanda ciudadana que lleva décadas sin resolverse. 

En efecto, no son pocos los autores que frente a las crisis de las democracias liberales han propuesto volver la mirada hacia las pequeñas comunidades. Las ideas que han desarrollado intelectuales como Alasdair MacIntyre, Patrick Deneen o Chantal Delsol, por poner algunos ejemplos, quizás sirvan como telón de fondo para reunir posturas distintas en torno a un gran proyecto que pueda hacer sentido a todos los sectores políticos. Los urgentes desafíos que conlleva la elección de gobernadores regionales y el arduo trabajo que implica hacerse cargo de ellos pueden ser una oportunidad para comenzar a construirlo.

Por último, modificar las premisas que utilizamos para abordar los temas locales es un arreglo institucional más urgente que la Asamblea Constituyente. Una nueva carta fundamental puede marcar su preferencia explícita por un Estado descentralizado, pero eso no significa que tenga la capacidad por sí sola para resolver las tensiones cotidianas que surgen entre los ciudadanos y sus autoridades locales.