Columna publicada en Pulso, 11.10.2017

Cuando se termina un gobierno inmediatamente se abre la discusión sobre cuál fue aquella acción, iniciativa u obra por la que será recordado en el futuro. Este tema parece preocupar a la Presidenta en la recta final de su mandato. En una entrevista a la BBC aseguró que espera terminar el gobierno “para poder tener un balance más adecuado de cuál puede ser el mejor logro”. Un día antes había señalado a La Tercera que nadie podrá “borrar de un plumazo” las reformas que considera parte de su legado.

Pensar en el legado es tan importante como pensar en el programa de un gobierno. Ambos están intrínsecamente relacionados y por ello planteárselo muestra lucidez política, especialmente si se considera que tenemos un período presidencial de sólo cuatro años y donde no hay tiempo que perder.

En ese contexto, ¿cuál será el legado de un eventual nuevo gobierno de Sebastián Piñera? Desde la conformación del gabinete hasta las prioridades legislativas y presupuestarias debieran estar iluminadas por ese horizonte.

Existen muchas alternativas. Desde reformas a los sistemas de pensiones y de salud o a la educación, pasando por importantes obras públicas o una profunda modernización del Estado. Todos son temas relevantes y no hay duda que deben estar en la agenda del próximo gobierno, pero ¿permitirán desarrollar propiamente un legado?

Pienso que no, básicamente por dos razones.

Primero, porque el próximo gobierno, aun cuando impulse un mayor crecimiento económico, no contará con los recursos necesarios para financiar grandes reformas sociales ni obras públicas de envergadura. Resulta bastante ejemplificador lo señalado por el presidente de EFE, Germán Correa, quien ante las propuestas de los candidatos presidenciales para desarrollar nuevos proyectos ferroviarios declaró en forma categórica que “no hay presupuesto para nuevos proyectos”. Guste o no, el futuro gobierno tendrá que limitarse a redistribuir recursos e incluso disminuir el gasto público.

En segundo lugar, en la mayoría de los asuntos referidos no hay consenso sobre su prioridad política: algunos presionarán por avanzar en gratuidad en educación superior, otros en pensiones. Y aun cuando existiese acuerdo en lo primero, existen profundas diferencias ideológicas sobre cómo avanzar, lo que dificulta enormemente su aprobación legislativa.

Sin embargo, hay una materia que sí despierta acuerdo transversal, y por la que vale la pena jugársela: el próximo mandatario puede ser recordado como el Presidente de los niños, cuyo gobierno transformó Chile en un país líder y referente mundial en proteger y garantizar que nuestros niños, en especial los más vulnerables, puedan llevar adelante una vida sin violencia, digna, feliz y con oportunidades.

¿Por qué alzar esta bandera?

Primero, muchas políticas en favor de la infancia (y por lo tanto políticas enfocadas en las familias también) implican mejorar la gestión y coordinación de distintos sectores (ministerio de Salud, Desarrollo Social, etc.), y no necesariamente recursos adicionales.

Pero incluso en aquellos aspectos en que se requiere un aumento de recursos, estos son muy inferiores en comparación a los montos que demandan otras áreas como salud, pensiones o educación. Por dar solo un ejemplo, la propuesta elaborada por el Centro de Políticas Públicas UC para la protección de la infancia vulnerada en Chile, sugiere aumentar el monto mensual que se paga por niño a los organismos colaboradores del Sename, de $260.000 promedio a $800.000 aproximadamente. Estiman que el costo de este aumento sería de unos US$60 millones. Es decir, menos del 10% de lo que el Estado gasta anualmente para financiar el déficit del Transantiago.

Por otro lado, desde el punto de vista político esta agenda resulta especialmente atractiva, porque puede permitir acuerdos amplios y transversales en favor de los niños. Sin ir más lejos, el último acuerdo transversal relevante en el Congreso fue a propósito de la aprobación del posnatal de seis meses. No es coincidencia que en esa ocasión el acuerdo haya sido en favor del cuidado de los niños. Es cierto, también hay diferencias ideológicas en estos temas, pero dejando de lado las posturas extremas que pretenden darle un incomprensible poder al Estado en los asuntos que naturalmente le competen a las familias, muchas organizaciones de la sociedad civil y expertos de diversos sectores coinciden en los principales caminos a seguir en esta materia.

Finalmente, por razones de justicia, es difícil discutir la pertinencia de que los niños sean una prioridad en la agenda política. Por lo demás, un tema como la delincuencia (problema número uno en todas las encuestas de opinión pública) está íntimamente ligados a la despreocupación por las familias y en particular por nuestros niños.

Todos los candidatos presidenciales han manifestado su preocupación por los problemas del Sename y su aspiración a una sociedad más justa que brinde oportunidades a todos los niños, independiente de su origen. Veremos ahora en qué se traducen esas palabras. La oportunidad está, y quien la tome podrá dejar un imborrable legado en la historia.