Partamos por los hechos. En 2020, el servicio de salud inglés (NHS) encargó a la doctora Hilary Cass una evaluación independiente sobre los resultados de los servicios de identidad de género para niños y adolescentes, particularmente respecto del uso de bloqueadores de pubertad y terapias de reemplazo hormonal. Luego de casi cuatro años de trabajo, su reporte final copó las portadas de todos los diarios británicos y abrió un fuerte debate.

No era para menos: a pesar de su lenguaje cauteloso, el informe sostiene que la evidencia médica es sorprendentemente débil para justificar las intervenciones que se realizaron a muchos menores de edad. Los datos examinados no son una base confiable para tomar decisiones clínicas, ni para que los niños o familias puedan tomar una decisión informada. Por lo demás, al realizar el catastro de investigaciones sobre el tema, debieron descartar el 41,75% de ellas por su baja calidad, dejando menos de un 2% en el estatus de evidencia de alta calidad. Por lo mismo, destaca que cualquier intervención afirmativa debe ser llevada a cabo con “cuidado extremo”, el cual no parece haber sido empleado a la fecha.

La rigurosidad del informe también fue refrendada por el Royal College of Psychiatrists. Luego de una re-revisión independiente, sostuvo estar “totalmente de acuerdo con las recomendaciones que pretenden garantizar una evaluación adecuada de los riesgos y beneficios de cualquier intervención, y que se utilicen datos transparentes y de alta calidad y enfoques basados en la investigación”. 

La Relatora Especial de la ONU para la violencia contra mujeres y niñas apoyó el compromiso hecho por el Ministerio de Salud y Atención Social británico, pues considera que (el informe) “ha mostrado muy claramente las consecuencias devastadoras que las políticas sobre tratamientos de género han tenido en los derechos humanos de los niños, incluidas las niñas… sus implicaciones van más allá del Reino Unido”. El asunto está lejos de ser marginal: las intervenciones basadas en un enfoque trans-afirmativo distan de lograr los resultados que se proponen, a la vez que generan consecuencias en muchos casos irreversibles en el desarrollo cerebral, óseo y psicosocial de los pacientes.

Por lo mismo, el NHS inglés detuvo el uso de este enfoque y las terapias asociadas a bloqueadores de pubertad y reemplazo hormonal. Que se entienda bien: los niños, niñas y adolescentes que se ven enfrentados a un conflicto como este requieren de ayuda, contención y asistencia. No merecen maltratos, odio ni desprecio. Merecen cuidado y, precisamente por eso, los datos disponibles no aseguran que la posición de afirmación sea correcta para abordar los casos de menores de edad.

¿Cómo se ha enfrentado el tema en Chile? Apenas semanas después de la publicación del Informe Cass, se liberó el reportaje “Pubertad interrumpida: niños trans inician tratamiento hormonal en medio de controversias”, de la periodista Sabine Drysdale. En él se detallan testimonios de familias que han pasado por circunstancias similares con sus hijos e hijas, así como una entrevista a los endocrinólogos de la red UC Christus que realizaban este tipo de terapias en esa red asistencial (llamativamente acompañados por una agencia de comunicaciones).

De este texto llaman la atención algunas materias sensibles: lo primero, la edad de quienes inician tratamientos de este tipo, pues en algunos casos se trata incluso de menores de 10 años que lo llevan a cabo; a veces en contra de la opinión de sus padres o representantes legales.

Esto es confirmado por las recomendaciones del Ministerio de Salud en la materia: si el representante legal se opone a que el niño o niña ingrese al programa, esto no obsta su acceso. Pero si obstruye su continuidad, el equipo del programa deberá realizar las acciones de gestión y legales que correspondan (Recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme, 2021, p. 70). La Sociedad Chilena de Pediatría opta por la misma dirección afirmativa, y durante junio y agosto realizará el curso “LGBTIQA+, comprendiendo la diversidad y su inclusión”, que incluye módulos sobre “terapias hormonales para infancias y adolescencias trans”, bajo el auspicio de Laboratorios SAVAL. Todo esto coincide con las directrices del Programa de Apoyo a la Identidad de Género, del Ministerio de Desarrollo Social. Aunque este no recomienda per se las terapias hormonales, sí se enmarca en el enfoque trans-afirmativo, el cual tiende a llevar a los pacientes a las terapias antes descritas.

Cabe preguntarse si es posible que niños de esa edad sean capaces de dar un consentimiento informado para acceder a terapias de bloqueo de pubertad, sabiendo las consecuencias que se seguirían de su participación, muchas de ellas irreversibles o que producen graves daños a la salud. En el modelo de manifestación de voluntad para participar del programa de acompañamiento basta con que el niño o niña menor de 9 años– dibuje una raya al final del documento para ingresar (Recomendaciones 2021, p. 108).

¿Es razonable sustentar una política pública tan sensible como el sexo de menores de edad en evidencia tan poco concluyente? ¿No es evidente que hay problemas con la irreversibilidad de esta, lo que, dicho sea de paso, lleva a que los doctores recomienden a sus pacientes congelar óvulos o espermatozoides para el futuro? ¿Alguien se ha preguntado si existe alguna influencia de las compañías farmacéuticas en este tipo de enfoques, sabiendo que podrían lucrar con su uso? ¿No se están imputando a disforia de género problemas que tienen otra raíz, como aparece de manifiesto en los testimonios del reportaje de Drysdale?

Y, luego de los graves cuestionamientos levantados tanto por padres y madres como por la comunidad científica, ¿no debiera llevarnos a dudar seriamente respecto del enfoque trans-afirmativo?